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Cuatro años después, el mayor fracaso del gobierno de Gustavo Petro no se mide únicamente por cifras fiscales ni por el deterioro de la confianza inversionista. Existe un daño menos visible, pero potencialmente más costoso: el debilitamiento de uno de los sectores que durante tres décadas fue ejemplo de planeación, estabilidad institucional y visión de largo plazo. El sector eléctrico termina este cuatrienio más vulnerable, con menor margen de maniobra y con una incertidumbre que no existía.
Colombia heredó un sistema reconocido internacionalmente por su confiabilidad. No era perfecto, pero había construido reglas claras que permitían atraer inversión privada, expandir la infraestructura y garantizar seguridad energética incluso en condiciones climáticas difíciles. Ese activo institucional fue sustituido por una visión política que convirtió la energía en escenario de confrontación ideológica. La transición energética dejó de entenderse como un proceso técnico para convertirse en un discurso político. Se prometió acelerar la incorporación de energías renovables, pero no se resolvieron los cuellos de botella que impedían conectar esa nueva generación al sistema. Sin redes de transmisión suficientes, sin licencias oportunas y sin coordinación institucional, muchas de esas promesas quedaron atrapadas en el papel.
A ello se sumó una creciente incertidumbre regulatoria. Las modificaciones en las reglas del mercado, la confrontación con agentes privados y la utilización del sector eléctrico como instrumento de política coyuntural deterioraron la confianza de quienes financian proyectos cuya recuperación exige décadas de estabilidad. Mientras tanto, el país acumuló retrasos en proyectos estratégicos de generación y transmisión, aumentó la presión sobre el suministro de gas natural y comenzó a perder el margen operativo que distinguía al sistema colombiano. Hoy no se habla solo de una eventual sequía; se habla de coincidencia de múltiples riesgos que eran improbables y ahora forman parte del escenario base del sector. El problema nunca fue la transición energética. Colombia necesita diversificar su matriz y avanzar a tecnologías más limpias. El error consistió en creer que esa transición podía construirse debilitando fuentes existentes antes de garantizar reemplazos confiables. Los costos comienzan a hacerse visibles. No solo en mayores riesgos para el abastecimiento, sino también en un deterioro de la confianza institucional que tardará años en recuperarse. La inversión en infraestructura eléctrica no responde a discursos; responde a reglas claras, estabilidad jurídica y credibilidad.
El próximo gobierno recibirá un sector que exige decisiones inmediatas: recuperar independencia técnica de las instituciones, restablecer la confianza regulatoria, acelerar redes de transmisión, fortalecer la expansión de generación firme y reconstruir una política energética basada en evidencia técnica y no en consignas políticas. La electricidad no admite improvisaciones. Cuando un país pierde su seguridad energética, las consecuencias no aparecen primero en los balances financieros; aparecen en la competitividad, en la industria, en el empleo y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
