Con la posesión como Fiscal General de la Nación del abogado comercialista Néstor Humberto Martínez Neira, se ha producido otro inesperado prodigio: la nueva Vicefiscal Leonor María Paulina Riveros Dueñas, dice la web de ese ente, es una reputada “abogada penalista”, “coautora de varios libros de derecho penal” (“Comentarios al Código de Procedimiento Penal”, “Alternatividad Penal” y “El Ministerio Público en el Estado Social de Derecho”) y hasta “doctora”. Esa afirmación se hace a pesar de que esa persona ni siquiera aparece inscrita en Colciencias, ente que rige estas materias en el país y solo un tercero la señala como autora de un artículo académico sobre seguros.
Es más, cuando ella es mencionada junto al Director de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte (ese sí un experto en esas materias), se afirma que “los dos nuevos dignatarios se distinguen por la diversidad de publicaciones en las áreas de derecho penal y derecho procesal penal”. Incluso otra noticia (con pulida foto presidencial que tiene la bandera al fondo), asevera que “...el derecho penal y la protección de los Derechos Humanos han sido los compañeros permanentes de esta abogada”.
Para aderezar la hoja de vida como “experta” en materias penales, de quien viene de las negociaciones en La Habana, se acude también a otros expedientes; léase: “...en su larga trayectoria jurídica (ella) ha tenido contacto permanente (!) con el desarrollo de normatividades de gran interés para la ciudadanía en general como el Código de Procedimiento Penal, el Estatuto Anticorrupción, la llamada Ley de Seguridad Ciudadana y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para el Control del Lavado de Activos, como asesora de los ministros Andrés González y Néstor Humberto Martínez”.
También, se advera, fue “asesora en temas jurídico-penales del despacho del ministro de Justicia” en épocas pretéritas y Jefe Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz donde “lideró las discusiones sobre la jurisdicción penal internacional y su incorporación al derecho penal colombiano” (!). Y, para abundar: “asesoró al Gobierno en la redacción, trámite y prórrogas de la ley de Orden Público, que es la norma rectora en materia de indultos y amnistías en procesos de paz e instrumentos jurídico-penales para la reincorporación de grupos armados a la vida civil”. ¡Todas las ramas del saber jurídico penal posibles!
Pero esta presentación profesional de la distinguida dama cambia, para tornarla versada en otras ramas del derecho, cuando la web del Ministerio del Interior la anunciaba como conciliadora en Derecho de la Cámara de Comercio de Bogotá, Directora del Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación y Asesora de diversos ministros. Es más, el formato oficial de hoja de vida registrado en la Fiscalía indica que su único posgrado es una maestría en seguros (actividad que durante cinco años desempeñó en ese sector) y que su señera experiencia en materias penales (aparte de un fugaz paso como ayudante en un consultorio jurídico universitario) se remonta a la administración del Fiscal Valdivieso como Jefe del Centro de Información sobre Actividades Delictivas (Cisad), durante año y medio. Además, laboró como Procuradora delegada para asuntos civiles, Procuradora judicial y Directora del Centro de Conciliación de ese ente; amén de su paso por la Gobernación de Cundinamarca en orden público. ¡Ahora, pues, resulta perita en conciliación, derecho civil y seguros!
Así las cosas, cuando la Fiscalía hace esas afirmaciones en una página web pagada con recursos públicos, le debería demostrar al país que su servidora tiene las competencias necesarias para ejercer las enormes responsabilidades en actuaciones penales que ese cargo demanda (¡piénsese en los casos de impedimentos del Fiscal!) y, por supuesto, que ella es de verdad “penalista”, “coautora de varias publicaciones en materia penal” y “doctora”, porque hasta ahora eso está en veremos. ¡Mientras ello sucede, seguiremos disfrutando del gorjeo de las sisellas blancas de Santos y nos regocijaremos con esta abultada cosecha de penalistas en la Fiscalía!.
