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La violencia que pretende callar la política ya no llega solo en motocicleta: también transita en el teléfono. Un disparo silencia un discurso; un deepfake lo deforma. Una bala busca que nadie hable; un enjambre de cuentas falsas intenta que todos repitan lo mismo. La democracia se disputa en dos frentes simultáneos: el físico y el informacional, y perder cualquiera de los dos es perder la elección antes de contar un voto.
Nuestro país carece de una estrategia de integridad informativa que opere a la velocidad del daño. Las rectificaciones no son tan virales como la desinformación, las plataformas esconden sus reglas, algunas campañas ignoran con intención de beneficio electoral la guerra sucia digital y el ciudadano, saturado, comparte por inercia. No se trata de censurar ni de crear un ministerio de la “Verdad”. Se trata de construir un ecosistema donde mentir sea costoso y decir la verdad, rentable.
Con el propósito de contribuir a la transparencia y al desarme virtual, propongo un Sistema Nacional de Integridad Informativa Electoral (SINAIE): una “ventanilla única” que articule Registraduría, CNE, MinTIC, autoridades de seguridad y justicia, verificadores independientes, universidades y plataformas. Si circula un contenido manipulado con potencial de daño en campaña, la verificación técnica se activa en minutos, la plataforma recibe un requerimiento sustentado y el ciudadano ve —en la misma pieza— una advertencia clara y un enlace para contrastar.
Además, es necesario una transparencia radical en la pauta: con una biblioteca pública de anuncios que muestre quién paga, a quién segmenta, con qué piezas y cuánto invierte. A esto, sumarle una huella de autenticidad para piezas audiovisuales de campaña (metadatos y marcas visibles), etiquetas obligatorias para contenido sintético y sanciones proporcionales a quien contrate granjas de desinformación o distribuya deepfakes; y a las empresas que vendan influencia ilícita, aplicarles extinción de dominio y que el negocio se acabe.
Nada funciona sin alfabetización. Llevemos a colegios y universidades laboratorios de ciudadanía digital: ejercicios prácticos para detectar sesgos, verificar antes de compartir y gestionar emociones en línea. Agreguemos comunicación de riesgos con vocerías creíbles, pedagógicas y no partidistas, que informen con rapidez cuando circule una manipulación sobre seguridad, salud o integridad del proceso.
En el terreno físico, blindemos la plaza pública sin intimidar ni humillar al ciudadano: perimetría inteligente en eventos, control de accesos con trazabilidad, rutas y contrarrutas de evacuación, equipos médicos en sitio y protección diferencial para candidaturas con riesgo específico y liderazgos locales. Aunado a investigación penal prioritaria frente a amenazas y atentados, con una unidad especializada en violencia política y golpe patrimonial a quienes financian el sicariato.
Las lecciones son claras: cuando se golpea la economía criminal y se coordina justicia con inteligencia se degrada la capacidad de intimidar la política; por el contrario, cuando se creyó que bastaban más fusiles o moderar contenidos sin transparencia, llegó un alivio efímero y costos altos en libertades.
¿Y cuál es la responsabilidad individual para defender la transparencia electoral? No reenviar lo que indigna sin verificar. Evaluar la postura y el compromiso de los candidatos en el uso de la manipulación digital. Apoyar medios que rectifican. Denunciar cuentas que mienten de forma sistemática. Participar como observadores digitales. Moderar el discurso.
Salvar las elecciones exige corresponsabilidad. Es el momento para que las autoridades activen la coordinación interinstitucional; que las plataformas asuman reglas claras y trazabilidad pública; que las campañas entiendan que ganar con mentiras y manipulación es un acto que violenta al país. La sociedad colombiana merece votar sin pistolas apuntando a la plaza ni máscaras digitales dictando el guion de la polarización. Ese es el pacto mínimo para una elección libre y constructiva.
