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El país está viviendo una mutación de la violencia. Las recientes asonadas contra la Fuerza Pública y las tomas armadas a municipios no son hechos aislados ni espontáneos: son expresiones calculadas de una estrategia criminal más sofisticada. Disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia y los Comandos de Frontera han perfeccionado una guerra híbrida 2.0, que combina el fuego de los fusiles con el control social y la manipulación a la protesta legítima.
Las asonadas son el rostro más engañoso. Lo que parece movilización ciudadana en realidad es constreñimiento: comunidades obligadas a salir a bloquear tropas, rodear pelotones o impedir la erradicación de cultivos ilícitos. Líderes comunales presionados, campesinos intimidados y familias enteras son amenazadas de muerte u obligadas al desplazamiento. La violencia se convierte en control social absoluto. Cada operativo militar para contrarrestarla se transforma en un teatro perverso: soldados atrapados entre cumplir su deber o desatar una tragedia humanitaria, mientras tanto los criminales se regocijan y blindan sus economías ilícitas.
El otro rostro más visible son las tomas subversivas. Hostigamientos a estaciones de policía o unidades militares, ataques con explosivos a municipios, incursiones violentas que recuerdan las peores épocas de los años ochenta y noventa. Estas acciones buscan exhibir poder militar, humillar a la Fuerza Pública local y enviar un mensaje claro: “el control aquí no es del Estado, sino nuestro”. La toma es el espectáculo sangriento que asegura titulares y produce miedo masivo; la asonada, en cambio, es la maniobra silenciosa que erosiona la legitimidad estatal desde dentro.
Ambas tácticas se complementan como maniobras en un ajedrez del terror. La toma con su músculo bélico actúa en el terreno visible del enfrentamiento armado; la asonada desgasta la confianza social y mina el terreno invisible de la percepción pública. Así, la guerra híbrida 2.0 despliega todo su alcance: menos enfrentamientos directos, más manipulación; menos confrontación abierta, más control de las narrativas.
Esta estrategia evidencia un grave problema para el Estado: llega siempre tarde y de manera fragmentada. Donde aterrizan helicópteros y tropas no aterrizan ni se programan al mismo tiempo escuelas, hospitales o proyectos productivos. Mientras la coca siga siendo la única economía rentable en regiones apartadas, las comunidades permanecerán como rehenes del poder criminal. La respuesta, de nuevo, no puede ser reactiva y de corto alcance. Las fichas del Estado también deben moverse en conjunto desde el componente militar que defienda a la población y restaure la confianza, y desde lo social que ofrezca dignificación de la vida de los pobladores, de manera que se garantice la integralidad y sostenibilidad de esas regiones.
Y como es necesario actuar, en lo inmediato, se requiere inteligencia más precisa, capaz de anticipar la instrumentalización de la protesta y neutralizar las redes de apoyo que organizan las asonadas. En paralelo, se necesita una estrategia de protección efectiva a las comunidades, para que la protesta legítima no siga siendo secuestrada por fusiles encubiertos, y en el mediano plazo, el Estado debe romper el monopolio económico de los ilegales con inversión social real, no con promesas incumplidas ni programas piloto que se esfuman en cada cambio de gobierno.
Colombia no enfrenta una suma de hechos dispersos, sino una ofensiva irregular coordinada que combina coerción, control social y violencia abierta. Las asonadas y las tomas no son réplicas del pasado, son la versión actualizada de un conflicto que entendió que la guerra ya no se libra solo con fusiles. La guerra híbrida 2.0 ya está aquí: un pulso feroz donde el enemigo mezcla miedo y manipulación, y donde la mayor derrota sería permitir que el Estado siga pareciendo visitante en territorios que deberían ser plenamente de sus ciudadanos.
