Pico y Placa Medellín
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Durante años salir de Medellín hacia el Oriente era enfrentarse al miedo. En las carreteras hacia La Ceja, a menos de media hora de la ciudad, los secuestros se volvieron parte de la cotidianidad. A muchas familias nos llegó el comunicado de las FARC sobre el llamado “impuesto de guerra”: había que pagar o convertirse en objetivo militar. Vivíamos en zozobra, cambiando rutinas y preguntándonos si el siguiente podía ser uno de nosotros. La seguridad no puede ser asunto secundario. Es el primer derecho que debe garantizar un Estado: poder salir de la casa, trabajar, estudiar, viajar por una carretera y regresar con vida.
Supimos quién ejercía buena parte del control territorial: la guerrilla y los paramilitares. El mapa ha mutado, pero la amenaza no desapareció; se transformó. Las grandes estructuras armadas conviven ahora con organizaciones que se financian con narcotráfico, microtráfico, extorsión y extracción ilícita de minerales. En 2014 Colombia tenía cerca de 69.000 ha de coca y en 2024 llegó a 261.386 ha: casi 3,8 veces más y el máximo de la serie histórica, según UNODC y el Ministerio de Justicia.
La coca tiene cooptada casi la totalidad del territorio en su distribución. Las rentas del narcotráfico financian estructuras que necesitan armas, hombres, corrupción y mercados. Así, una economía criminal rural llega a las ciudades a través del microtráfico, extorsión, sicariato y control social. Se suma la extracción ilícita de minerales, otra renta que, en diferentes territorios, fortalece organizaciones criminales.
Celebro que el presidente Abelardo de la Espriella haya puesto la recuperación de la seguridad y el orden en el centro de su Gobierno, por eso votamos. El Estado debe volver a ocupar los territorios que durante demasiado tiempo estuvieron en manos de criminales. La Presidencia reportó 21.940 capturas desde el 7 de agosto, importantes incautaciones de droga y armas. Son cifras oficiales que deberán seguir midiéndose, pero muestran decisión clara de enfrentar al crimen.
Creo que ver al presidente armado, como máxima autoridad de la Fuerza Pública, me recuerda algo elemental: las armas deben estar bajo la autoridad legítima del Estado y no en manos de quienes imponen su propia ley. El presidente es el comandante de las Fuerzas Militares. Después de décadas de guerrillas, paramilitares y bandas criminales, necesitamos recuperar ese principio. El ciudadano debe saber que hay un Estado que lo protege. Celebro ver un líder que sale a proteger a los ciudadanos.
Podemos discutir las formas, pero quienes hemos vivido la violencia clamamos por un Estado que recupere el territorio, que le quite poder las organizaciones criminales, exigimos un país donde el ciudadano pueda vivir sin miedo.
Presidente, no se deje distraer. Mantenga el rumbo. Colombia necesita recuperar la autoridad, proteger al ciudadano y cortar las rentas que financian el crimen. Debemos salir definitivamente del círculo de violencia de estas décadas. No podemos permitir que nuestros hijos hereden el mismo miedo. Podemos hablar de lo que sea, pero: sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo ni desarrollo.
