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Este 11 de agosto, Colombia despertó con una noticia que nos golpeó el alma: la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Fueron 64 días de lucha incansable por su vida. El país entero se unió en oración, marchas silenciosas y actividades en decenas de municipios para pedir por su recuperación. Había fe, había esperanza. Hoy, esa esperanza se transformó en un profundo dolor de patria.
El asesinato de Miguel no puede, bajo ninguna circunstancia, quedar en la impunidad. El Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscal General tienen la obligación moral y legal de esclarecer quién dio la orden y llevarlo ante la justicia. Además, el Gobierno debe garantizar plenamente que los partidos de oposición puedan ejercer su labor política sin miedo, protegiendo a los precandidatos presidenciales. No podemos permitir que la violencia marque la agenda política ni que las armas silencien a quienes piensan diferente.
Con la muerte de Miguel se ha atentado directamente contra la democracia. Fue silenciada una voz firme y valiente, truncado un liderazgo joven que prometía un mejor futuro para Colombia. Su legado debe permanecer vivo. Este dolor que hoy sentimos debe convertirse en fuerza para luchar por un país verdaderamente unido, que defienda la libertad, respete sus instituciones y garantice que las elecciones del próximo año se realicen en un ambiente de libertad y democracia reales.
El dolor de patria debe hacernos más fuertes. Colombia merece todas nuestras luchas y sacrificios. Aquí no hay espacio para los violentos. El presidente Petro debe moderar su discurso, dejar de dividir al país y cesar con los mensajes que alimentan el odio. La historia nos recuerda que hemos perdido a líderes como Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado y, ahora, Miguel Uribe. La seguridad ha pasado a un segundo plano, y el costo es altísimo.
Hoy vivimos una inseguridad desbordada: secuestros, homicidios, extorsiones y atentados contra la Fuerza Pública están en aumento. La llamada “Paz Total” no ha traído paz, por el contrario, ha fortalecido a las estructuras criminales. Más de 800 municipios están bajo el control del ELN, el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC. Y, mientras tanto, la única respuesta del Gobierno es insistir en mesas de diálogo que terminan en beneficios jurídicos para los criminales.
La inseguridad que crece sin freno nos arrebató a un luchador. Gracias, Miguel, por tu liderazgo y tu ejemplo, hoy lloramos tu partida, pero también reafirmamos nuestro compromiso: no dejaremos que tu muerte sea en vano.
Dolor de patria... pero también, fuerza para salvar a Colombia.
