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Todas las universidades afrontan hoy la confusión, por definir las prioridades temáticas a las que deberían ocuparse en los próximos años. La preocupación de los universitarios muestra una gran indefinición sobre los temas en torno a los cuales deberían concentrarse las discusiones. Por supuesto que la autonomía está en primer lugar, así como se pone en primera plana el complejo problema de la inteligencia artificial. En Colombia se habla de la urgencia de una nueva reforma, pero no hay precisiones sobre los asuntos que deberían afrontarse sin demora. Claro que la financiación de universidades públicas y privadas, la pertinencia y viabilidad de muchas carreras, la respuesta a las necesidades del medio social, son cuestiones que deben tratarse en primer término y constituyen una agenda suficiente para mantener ocupados a los universitarios, por lo menos en un siglo. Pero no hay signos de avance en la definición de tales temas y de otros que van emergiendo en los tiempos y espacios de discusión académica.
El asunto fundamental de la autonomía está unido a deliberaciones sobre el futuro universitario. Como siempre ha sucedido, hay un bando favorable a la consideración de la libertad de cátedra, de organización financiera y administrativa, de respeto por decisiones independientes y libres de los poderes externos. También hay corrientes que favorecen la disolución de la capacidad universitaria de darse su propio gobierno y mantenerse a salvo de intervenciones externas, que atenten contra la integridad de la institución universitaria y afecten privilegios fundacionales, instituidos desde ochocientos años atrás, como principios rectores de la razón de ser y el funcionamiento de corporaciones consagradas al saber. La discusión sobre éste tema capital, está en primer término en el mundo. Todas las informaciones de actualidad sobre conflictos en educación superior, están cruzadas por ese asunto primordial. Colombia no se exceptúa, y cada día aparecen manifestaciones de aceptación o de rechazo, en un ambiente que no siempre es de tolerancia y diálogo, sobre todo cuando se mezclan intereses políticos, financieros, que alteran el discurrir normal de las tareas académicas y administrativas, y siembran un clima de incertidumbre y terror, así como recurren a la intervención de la fuerza pública y la vulneración de la estabilidad interior, porque se les traslada a grupos insurgentes o a la misma autoridad la función de implantar el orden. ¿Pero cuál debe ser la solución para que las universidades puedan seguir un ritmo normal y resolver sus problemas de orden público, de acuerdo con sus propias formas de afrontar los conflictos?
Lo inquietante está en que las discusiones sobre la índole de los conflictos universitarios suelen quedarse en el papel, en memorias de reuniones o registros periodísticos que enfatizan en la actualidad o en la espectacularidad de las protestas, pero que rara vez orientan a localizar soluciones inteligentes, ideadas por universitarios expertos y experimentados, y despojados de intereses secundarios. Se aproxima, sin necesidad de ser arúspice para decirlo, una época conflictiva para el sostenimiento de un ambiente favorable a la discusión civilizada y libre de choques sin sentido. El salpicón universitario puede ser muy provechoso, como parte de la controversia civilizada, pero puede convertirse en producto dañino, si no se impone la cordura.
