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En Colombia hemos tenido la amarga experiencia de que muchos actos han sido castigados sin juicio y que ha habido condenas por acciones que nunca han sido realizadas. En una época de agudos antagonismos es inevitable que ocurra la persecución política y que se desarrollen juicios políticos con distintos grados de injusticia. La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, abandonó la justicia legal para entrar en el escabroso camino de la justicia política. Para este efecto, siguiendo el dictum de Goebbels, según el cual “los juicios no deben comenzar con la idea de la ley, sino con la idea de que esa persona se debe ir” (Shklar, 1964), el exfiscal Martínez construyó el famoso “entrampamiento” con el que pretendió darle a la JEP un golpe mortal.
Entretanto se han ido develando los supuestos delitos en los que el exfiscal Martínez habría incurrido para poner en funcionamiento esa trampa contra el Acuerdo Final, la JEP y el gobierno de Santos: traición a la patria, menoscabo de la integridad nacional, traición diplomática, fraude a resolución judicial. Y al ir develándose esas conductas contrarias al derecho, se ha manifestado con total claridad quién es el personaje que estuvo al frente de la Fiscalía: un “maestro del mal”, un “doctor del crimen”, como Voltaire denominó a Maquiavelo.
En Roma, escribió Montesquieu, “al acusador injusto le aplicaban la nota de infamia, marcándole la letra k en la frente. Ponían centinelas al acusador para que no pudiese sobornar a los jueces ni a los testigos” (1906, 296). El presidente Duque no marca con la k en la frente al gran transgresor de la ley, sino que lo eleva al nombrarlo en la Comisión del Crimen. ¡Ulpiano, esto no es Roma!, es el platanal.
¿Pero qué ha pasado en nuestro orden jurídico para que estos procedimientos ordenados por la Fiscalía no tengan nada que ver con la justicia? Se impuso la justicia política sobre la justicia legal. Es decir, por cuenta del diseño hecho por Martínez al servicio de los intereses del Centro Democrático, ha sido arrinconada la justicia legal.
En el Estado de derecho, la justicia legal es el compromiso de obedecer las leyes, respetar los derechos, aceptar las obligaciones bajo un sistema de principios. “Justicia es la más legal de las virtudes. Es la suma de las aspiraciones legalistas” (Shklar-1964). Por el contrario, en la justicia política las ruedas de la justicia y sus mecanismos de enjuiciamiento se ponen en marcha en aras de objetivos políticos que van más allá del interés normal del Estado por mantener el orden existente.
La justicia política busca una política específica de destrucción y desprestigio de sus enemigos. En el caso del “entrampamiento” y de las órdenes para interceptar a negociadores de paz se puede apreciar cómo la artillería pesada de la Fiscalía se utilizó para destruir el Acuerdo Final y la JEP. La justicia política debe ser marcada con una k y se deben fortalecer juicios que promueven valores legales y constitucionales
