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Estos días, en Riohacha, fue asesinado un malhechor que delinquía en el entorno; según el video visto en las redes sociales los sicarios lo mataron “a sangre fría” (para recordar el título de la novela de Truman Capote) mientras departía con amigos en un sitio público. Sin ir tan lejos, el pasado doce de febrero este periódico dio cuenta de otro ajusticiamiento en el barrio Loreto de Medellín, donde “seis hombres sometieron a dos jóvenes de 20 años y los ejecutaron con disparos en la cabeza”; también, ese día –¡y el reguero de cadáveres continúa!–, en la Comuna Trece, fue asesinado Wilmar Alonso Sánchez Gutiérrez sindicado del hurto de una bicicleta; sobre su cadáver se pudo leer este aviso: “...Siga robando H. P.”.
Este último hecho originó un comportamiento inesperado del alcalde Daniel Quintero quien, con el comandante de la Policía, se trasladó al sitio y –poseído por el virus de Zapateiro– altavoz en mano les dio el pésame a los familiares y pidió el apoyo ciudadano para capturar a los criminales. Allí, en discurso improvisado aseveró: “¡Acabemos con ese cuento de que hay unas personas de civil que se creen las dueñas y todo el mundo tiene que hacerles caso, pues no, todo el que comete un homicidio va a ser capturado, o le toca irse, porque aquí los que mandamos somos la Alcaldía y la Policía!”. Es más, le dio cuenta a la comunidad de su proeza en Twitter.
Sin embargo, más allá de esa forma ingenua de gobernar, llaman la atención las respuestas dadas al novel mandatario por los ciudadanos que intervienen en el chat de esa red social, la mayoría de los cuales justifica la pena de muerte y –como si se tratara de lo más normal del mundo y hablara Abelardo de la Espriella– claman porque a todas las “ratas” se les dé el mismo tratamiento. Para la muestra dos de ellas: “Así debe ser y se acaba esa plaga de la delincuencia. No mas alcahueteria (sic) y No al populista del alcalde... eso con pinturita sale”; y “excelente reacción del cuadrante de «los muchachos» una rata menos”.
Pero también, hubo un par de ciudadanos cuerdos. Uno dijo: “El día que maten a todos los ladrones van a quedar los asesinos. Qué tristeza la sociedad en la que estamos viviendo, la vida cada vez vale menos”; y otro, sentenció: “Ninguna sociedad civilizada tolera el crimen, pero ninguna sociedad civilizada justifica el asesinato ni sus ciudadanos toman la justicia en sus propias manos”; y añadió: “Nos estamos convirtiendo en jueces, jurados y verdugos. Detengamos el descenso a la barbarie”.
Estamos, pues, ante la más burda irracionalidad como producto de la falta de autoridad y, por ende, de la ausencia del Estado. La justicia privada es la perdición de cualquier forma de organización humana civilizada; cuando los ciudadanos son los encargados de resolver mediante la fuerza bruta los conflictos, las sociedades se dirigen –de forma inequívoca– hacia su disolución. Y eso sucede en diversas zonas de la ciudad (también en otras urbes) donde –para recordar lúcidas investigaciones hechas por verdaderos expertos sobre la Comuna Trece de Medellín– imperan las “justicias paralelas” y, aparte del débil aparato de persecución penal oficial, existen otras formas de componer los conflictos sociales acompañadas de lógicas, presupuestos y procedimientos divergentes, jalonadas por bandas y organizaciones que gobiernan a sus anchas.
Situaciones como estas, que deberían poner a reflexionar a toda la comunidad si es que el crudo materialismo reinante deja algún espacio para la sensibilidad, ponen de presente la necesidad de abrir un gran debate nacional sobre tan grave tema y el señor alcalde –quien, todo lo indica así, también quiere desfilar por las redes sociales haciendo proselitismo barato como su aciago predecesor–, en vez de dedicarse a la vocinglería callejera, debería convocar a todos los expertos nacionales a un foro abierto. ¡Se deben buscar soluciones!.
