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En el Estado social de derecho se garantizan el pluralismo partidista, la paz, el principio de legalidad, la libertad de expresión y el bienestar económico de todos los ciudadanos hasta donde lo permitan las circunstancias económicas y jurídicas del momento. Para ello se requiere un derecho escrito en la Ley o en la jurisprudencia, que sin ser interpretado literalmente, de todas formas le garantice al ciudadano conocer con anticipación las normas que lo rigen, sin que la voluntad de los funcionarios estatales pueda desconocerlas.
En cambio, en el llamado Nuevo Derecho y teorías afines, el texto de la Ley e incluso el de la Constitución, pueden ser desconocidos si al juez esas normas no le parecen justas. Solo se busca realizar el Estado social de derecho, pero según lo que al juez le parezca justo en cada caso.
La Corte Constitucional, desde el año 1991 optó por esta segunda teoría, y en oportunidades ha tomado decisiones abiertamente contrarias a los textos constitucionales y legales, muchas veces en beneficio de los derechos sociales y fundamentales de los débiles. La tutela se convirtió en instrumento de protección de los necesitados, así fuera desconociendo la Ley. Pero esa libertad para desconocer el Derecho vigente también ha servido para que la corrupción rampante haga mella sobre el prestigio de la justicia, pues a nombre del derecho fundamental a la defensa, la justicia ha protegido a delincuentes de todo tipo. Esa libertad para fallar por fuera del texto normativo creó el caos legal que hoy vivimos. Ahora se acude a la tutela para salvarse de cumplir condenas en procesos ya fallados. Así comienza el carrusel de la selección de la tutela.
En esa forma, la Corte Constitucional, institución indispensable cuando se ajusta a Derecho, se convirtió en el auténtico poder soberano del Estado. El primer paso para consolidar su poder consistió en entrometerse en el manejo del presupuesto, ordenando la construcción de cárceles en todos los municipios del país, obligando al Estado a conceder a todos los colombianos la atención integral en materia de salud, y en general, a garantizar el mínimo vital. Es decir, contrariando la Constitución, se arrogó funciones del Gobierno y del Parlamento. Pero se le fue la mano, porque ni hubo cárceles, ni salud integral ni mínimo vital para todos, simplemente porque no hay recursos. Hoy, muchas de las tutelas son letra muerta porque el Estado no tiene como cumplirlas.
Y para imponer sus fallos, la Corte incumplió el artículo 230 de la Constitución, según el cual el juez solo está sometido al imperio de la Ley, y la jurisprudencia es solo un criterio auxiliar de interpretación. Sin embargo, la Corte dijo que sus fallos son precedentes obligatorios.
Luego desconoció la norma constitucional que establece que el pueblo, mediante referendo, puede cambiar la Constitución. Terminó así con el principio básico de la democracia. Ella cambia la Constitución a su gusto.
Sin un Derecho seguro, la sociedad se torna caótica porque a nombre de la justicia, cada funcionario actúa como quiera.
* Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, tratadista de Teoría del Derecho.
