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La democracia representativa en Colombia está en crisis. Los partidos políticos, desconectados totalmente de sus bases electorales, interesados solamente en el control y manejo de los intereses económicos que resultan de los grandes contratos del Estado, se hunden en el desprestigio que produce su involucramiento en la corrupción, en el sostenimiento de un sistema de impunidad y por sus nexos con actores ilegales. Los partidos políticos no cumplen con la función básica de articular las demandas de diferentes grupos sociales en un proyecto político unificado, para conseguir su legitimación ante la sociedad.
Las instituciones estatales están siendo dominadas por élites que representan intereses económicos privados de los grandes grupos de poder. El interés por lo público, que debe ser el elemento determinante de la política, ha sido reemplazado por el interés privado. En nuestras instituciones representativas, las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, como sucedió con la propuesta de reforma tributaria antes de ser presentada al Congreso. Aquí se puede ver que en este gobierno no existe ningún interés por incentivar la participación pública y ciudadana en el proceso de construcción de las leyes o de buscar alternativas a los graves problemas del país, como sucedió con el tratamiento de cuarta categoría al comité de paro y a los movimientos sociales.
El hecho real es que la ciudadanía desconfía de las instituciones de la democracia representativa y de los partidos políticos. Los altos niveles de impunidad determinan que haya bajos niveles de confianza ciudadana en las instituciones estatales. Según los datos de 2019 del Latinobarómetro, existe una extendida desconfianza de la sociedad colombiana en las instituciones del Estado, la cual supera el 70 % en el caso del Poder Judicial y el 75 % en el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Pero, a pesar de esto, en el último paro nacional se manifestó de forma clara que los ciudadanos están lejos de estar desmotivados políticamente. Pudimos ver protestas masivas en muchas ciudades del país (6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas). Esto indica que los ciudadanos están reclamando autodeterminación política. El ciudadano busca nuevamente entrar en escena para crear unas nuevas reglas que permitan superar el entrampamiento en que están las instituciones de la democracia representativa y los partidos políticos tradicionales.
En Colombia, como ha sucedido en otros lugares del mundo, se plantea que ante el fracaso de la democracia representativa ha llegado el momento de la democracia directa. En las masivas manifestaciones y protestas de 2019 y de 2021 se puede apreciar que los movimientos sociales han buscado actuar políticamente prescindiendo de toda mediación institucional y de los partidos. Pero el problema de la democracia directa, como se vio también en el paro, es que el movimiento y la protesta no pudieron ser articulados por nadie. No había dirección ni coordinación y entonces se pudieron ver claras dificultades para concretar un proyecto político transformador. La política sin representación posibilita alternativas populistas. Una alternativa es la política deliberativa, pero de esta hablaré en una próxima columna
