Por MAriana Ortiz Montoya
Universidad Nacional - Sede Medellín
Arquitectura-Construcción, semestre 6
maortizmo@unal.edu.co
Colombia es catalogado como el país más lluvioso del planeta, con una precipitación promedio de 3.240 milímetros anuales de lluvia, agua que las personas temen al ver como la culpable de tantas tragedias ambientales.
Este país lluvioso está en un constante desarrollo y crecimiento urbano, lo que demanda cada día más la construcción de viviendas e infraestructura. Estas obras se deben planear y diseñar de acuerdo con las condiciones geológicas y geográficas de la región. Como ciudadanos damos nuestra confianza al Estado en la realización de obras públicas que construyen con nuestros impuestos. Sin embargo, estas obras duran poco: los puentes caen, las calles se hunden y las laderas se deslizan derrumbando viviendas. Todo se intensifica si llega la lluvia, pero ¿por qué la culpa es de la lluvia si esta siempre ha estado ahí? Nosotros somos los nuevos en llegar, y somos los que debemos adaptarnos a las condiciones que la naturaleza fija.
Las declaraciones de los responsables de una obra cuando esta no funciona se excusan en algo tan natural como la lluvia, pero se debería reconocer que las construcciones fracasan es por la falta de profesionalismo y por intereses económicos que solucionan con corrupción. ¿Cuántas veces reconstruyen las obras en nuestro país? Colombia tiene gran déficit económico. No se puede dar el lujo de desperdiciar tanto dinero público en algo disfuncional. Los proyectos se deben diseñar y realizar bien desde su primera ejecución, no en la segunda o tercera vez en realizarse.
Son muchas personas que viven en riesgo en sus propios hogares, con miedo de que un día la lluvia arrase con todo lo que tienen o con su propia vida. Por esta razón, el Estado debe invertir en planificación para la prevención y mitigación de riesgos. Esto lleva a cuestionarse si los planes, estatutos, leyes y todos los criterios de urbanización del gobierno están enfocados en proteger a los ciudadanos, o si en realidad crean planes de ordenamiento territorial en los que participan grandes empresas constructoras para beneficiar sus intereses.
¿La lluvia es la culpable? ¿Quién nos asegura la correcta praxis a la hora de diseñar, aprobar y ejecutar obras públicas?.
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