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La propuesta de reforma a la salud del actual gobierno lleva a la desaparición del derecho a la salud, al menos cuando es concebido como un beneficio explícito de la protección social que el Estado garantiza en cabeza de todos y cada uno de sus ciudadanos, tal cual lo establece el artículo 48 de la Constitución de 1991.
Para que un derecho pueda ser catalogado como tal requiere en primer lugar que exista una declaración política del Estado que exprese de forma inequívoca su significado y responsabilidad en su protección. Pero esta debe venir acompañada de los elementos materiales que permitan hacer efectiva su protección, esto es los recursos físicos, financieros y normativos que garanticen su disponibilidad. Junto con ello se requiere también la existencia de una institucionalidad específica que se encargue de su organización y producción ante la cual el ciudadano pueda hacerlo exigible.
Este gobierno cimenta su reforma a la salud en una ideología política que pregona la supremacía de lo público sobre lo privado. Bajo esta perspectiva, no deberían existir instituciones intermediarias que se encarguen del manejo del derecho a la salud, ni ningún tipo de delimitaciones de contenidos de beneficios y mucho menos definiciones de primas de seguros. A estos tres elementos los señalan de ser los factores centrales de la mercantilización de la salud.
Con la reforma se elimina el plan de beneficios y con ello la posibilidad de delimitar de manera precisa a qué se tiene derecho, lo que se reemplaza por algo subjetivo que termina siendo definido por los prestadores de servicios. Desparece la Unidad de Pago por Capitación -UPC- que significaba la expresión de titularidad del recurso financiero en cabeza de cada ciudadano que garantizaba la financiación de su derecho, que pasa a ser una obligación de pago del Estado para con el prestador de servicios. Y, finalmente, se diluye la institucionalidad específica ante quién hacer exigible este derecho, para dar paso a un responsabilidad impersonal y fragmentada en mil pedazos a nivel central y territorial, pero sin que a la hora de la verdad nadie responda de manera integral por este derecho.
Esto significa que los elementos que hacían explícita la garantía del derecho a la salud desaparecen para cada ciudadano y se trasladan de manera vaga e impersonal al Estado. Esta carencia se constituye en un factor de ineficacia de los derechos sociales. La ausencia de garantías sociales positivas explícitamente definidas puede conducir a prácticas burocráticas propias del Estado asistencial y de aquel orientado a beneficiar a clientelas políticas, lo cual es un terreno fértil para la corrupción y las decisiones arbitrarias.
Lamentablemente la reforma a la salud de este gobierno reemplaza el derecho a la salud por un concepto ideológico difuso que no se sabe exactamente qué es, cuánto cuesta, dónde están los recursos para financiarlo, y quién responde por ello de manera precisa e integral. Es sin duda un retroceso en materia de la garantía del derecho fundamental a la salud al que paradójicamente dicen defender.
