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Una decisión puede producir aplausos, aunque el motivo expuesto sea otro diferente a la razón que debería ser.
Tal viene pasando en el sector de la salud con los sistemas de habilitación, de acreditación, la certificación de hospitales universitarios, el control de precios a medicamentos y a insumos, la unidosis, entre otros, y más recientemente con la Ley Estatutaria de Salud.
Con la sanción presidencial muchos días después de que la Corte la declarara exequible, fue evidente que el Ejecutivo no le tenía ganas. Y... ¿por qué? La salud se consagra como un derecho fundamental y no hay que invocar más argumentos. Dilaciones y rodeos, argucias y retrasos injustificados padecidos por la gente, deben quedar atrás. Es decir, la gente es más gente y puede acercarse a la taquilla con su cara alzada y con la seguridad que da saber que se tiene un derecho. Pero este beneficio tiene un costo que el Gobierno parece no estar dispuesto a asumir y mejor lo irriga por todo el sistema de salud y tanto EPS como IPS, profesionales y proveedores y hasta asalariados del sistema, cargan con el derrame. La crisis actual en términos de dinero no tiene precedentes.
La ley supuestamente nos libera de las malas EPS y de las caprichosas, y de sus trámites que no entendemos mientras el Gobierno las tolera. Es necesario desarrollar la forma como las EPS van a cerrar la brecha con el otro pilar fundamental del sistema, las IPS, mientras parece que el Gobierno la ahonda.
Los médicos y hospitales seguiremos cumpliendo el deber de brindar al enfermo lo que necesita para recuperar su salud y salvar su vida: nuestro conocimiento, atención y consuelo... Para eso no se necesitaba otra ley.
El “paseo de la muerte” es un tema de ética, de deberes y de falta de pago. Y esto no lo resuelve la ley. Todos los hospitales desde antes estaban obligados a atender todas las urgencias. Pero no era así y no lo será, porque la ley lo que dice es “sálvese quien pueda” y el Ejecutivo se da ínfulas anunciando penas mas no pagos.
Hace veinte años el autor de esta columna escribió para el foro “Por qué no me gusta la Ley 100”, y en resumen expresé que haber convertido la medicina en servicios de salud y esto en una transacción comercial, ponía precio a los derechos de los pacientes y menoscababa la ética médica. Y eso fue lo que se logró.
Sí, esta ley también tiene que ver con el dinero. La palabra “economía” se amarró a la palabra “salud”. ¿Cuánto dinero se necesita para que la ley se haga efectiva en la dimensión que conlleva? ¿Y el Gobierno cuenta con ese dinero? ¿O tendrá que acudir a los contribuyentes para que paguen más impuestos, más cuotas moderadoras o copagos? ¿O diluirá el monto entre cada hospital, cada EPS, cada paciente, cada proveedor, como hoy ocurre?
En resumen: la Ley Estatutaria y las decenas de controles ordenados por el Gobierno pueden arrancar aplausos, aunque la razón de fondo sea muy distinta al amor a los demás. ¿Será que nuestros gobernantes no nos aman y se aman solo ellos?.
* Presidente de
San Vicente Fundación.
