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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 30 de julio de 2019

La ética de la responsabilidad y la corrupción

En las discusiones sobre justicia global los teóricos de los Estados más ricos de la OCDE no aceptan la responsabilidad que les imputan representantes de los países pobres por haberles causado un aumento de la pobreza. Afirman que en países como Colombia, Perú, Uganda, hay factores internos de poder que son determinantes en el mantenimiento de la pobreza y la desigualdad. Para ellos, el sujeto colectivo de la responsabilidad son las élites de estos países por sostener estructuras de dominación y exclusión sobre las mayorías pobres. Este es un diagnóstico acertado sobre Colombia, el cual se puede ampliar analizando el fenómeno de la corrupción en el caso del exministro Andrés Arias.

Los hechos son conocidos. Intervino en el diseño y aprobación de los términos de referencia de las convocatorias del programa AIS, influyó en la valoración de los proyectos, se reservó la facultad de aprobar los listados de las propuestas elegibles. La Corte Suprema afirmó que Arias interfirió para imponer reglas que favorecían a sectores específicos del sector agrícola. Las beneficiadas fueron ocho familias que, entre otras argucias, fragmentaron sus predios para lograr subsidios del orden de 26.000 millones.

Arias es un ejemplo importante de cómo ha operado la corrupción en Colombia y al ser descubierta la trama, el público pudo ver la desfachatez y el cinismo con que actúan los delincuentes de cuello blanco (Moreno Rojas, Prieto, Lyons). Como ministro utilizó su poder para favorecer a unos pocos de su mismo nivel socioeconómico desconociendo el fin del programa AIS, que era crear mejores condiciones para los campesinos pobres.

Las reglas sociales que determinan la distribución de los recursos en este programa regulaban la capacidad de acción de diferentes personas y grupos. Al cambiarlas a favor de miembros del sector agrícola transformó la capacidad de conseguir ciertas cosas para unos y mejoró las de otros.

El caso Arias ejemplifica lo que he llamado injusticia estructural, que “existe cuando los procesos sociales ponen a grandes grupos de personas bajo una amenaza sistemática de privación de los medios para desarrollar sus capacidades, al mismo tiempo que estos procesos permiten a otros tener una amplia gama de oportunidades para desarrollar y ejercer las capacidades disponibles para ellos” (Young, 2011).

Suponemos que Arias es una persona capaz de asumir con responsabilidad sus acciones (a pesar de que huyó de la justicia), que actuó voluntariamente, que sus acciones fueron determinantes en la producción del daño y que pudo prever las consecuencias de estas. Según la ética de la responsabilidad, es responsable individualmente por los daños que causó.

La sociedad colombiana debería salir de su parroquialismo premoderno, su conservadurismo mal entendido, de la estúpida insensatez de la polarización, y sentirse llamada a tratar con prudencia y racionalidad este asunto. Arias cambió determinadas reglas institucionales a favor de sus aliados y cometió varios delitos. Debe cumplir la pena que los jueces le impusieron de acuerdo con la ley existente. Todo lo demás es propio de una sociedad que vive en la minoría de edad, en la indecencia.

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