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Los parámetros fundamentales de cualquier sistema pensional – público o privado, obligatorio o voluntario, de prima media o de ahorro individual – son tres: edad de jubilación, tasa de cotización y tasa de reemplazo. La sostenibilidad del sistema depende del balance de esos parámetros y su cálculo técnico es el trabajo de los actuarios. Cuando el balance se altera como consecuencia, principalmente, de cambios en los determinantes demográficos subyacentes, el sistema debe ser reformado lo cual significa modificar el valor de esos parámetros.
La reforma pensional de Petro no toca ninguno de ellos, a pesar de que el sistema colombiano obligatorio está profundamente desbalanceado, como lo prueba el hecho de que anualmente debe destinarse un 15% del presupuesto nacional al pago de mesadas pensionales. Para 2023, serían unos 60 billones, la mitad de los cuales va para Colpensiones y el resto para los regímenes especiales (Ejercito, Policía, Magisterio, Ferrocarril, etc.)
En Colombia la edad de jubilación es baja - 62 años para hombres y 57 para mujeres – frente al promedio de los países de la Ocde, donde está en 64 años y llegará a 66, en los próximos dos, con las reformas que se están tramitando. En Francia, quieren aumentarla de 62 a 64, a pesar de tener una tasa de cotización de 28%. La tasa de cotización en Colombia, 16%, también es baja frente al promedio Ocde de 19%; al tiempo que la tasa de reemplazo es extremadamente alta: 75% o más, frente al 52%, promedio de la Ocde.
El maquillaje de la falsa reforma lo constituye la ampliación de un par de programas de subsidios monetarios ya existentes: Colombia Mayor y BEPS, a los que pomposamente se denomina pilares 1 y 2. Los pagos de Colombia Mayor se ajustan al nivel de la línea de indigencia y los BEPS a medio salario mínimo. Evidentemente, no se necesitaba de ninguna reforma para hacer eso.
Lo esencial y más nocivo de la falsa reforma es el traslado obligatorio al régimen de prima media (RPM), administrado por Colpensiones, de unos 20 billones de pesos anuales que iban al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), de los Fondos. Esto va en contravía de la tendencia de las reformas pensionales del mundo entero las cuales, según el último Global Pension Index del Instituto Mercer, “estimulan mayores niveles de participación del ahorro privado, dentro y fuera del sistema pensional, para reducir la futura dependencia de las pensiones públicas...”
Esos 20 billones, que nutrían el ahorro pensional y generaban rendimientos capitalizables, se convierten en caja que, por unos años, aliviará la presión sobre el presupuesto nacional. Sin embargo, el desbalance estructural del sistema subsiste y, a mediano plazo, la presión será cada vez mayor.
El gobierno de Petro no quiere resolver ningún problema estructural de pensiones o salud. Esas reformas, al igual que la tributaria, están orientadas a darle caja para repartir entre sus partidarios mientras logra el control absoluto de todos los factores de poder. Después no importará la ruina de la economía
