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En ¿Quo vadis Centro Democrático? planteaba la necesidad de precisar el rumbo doctrinario del partido. Una de las cuestiones que merece mayor discusión es la concepción del Estado. Porque no basta con hablar de un Estado austero. Hay que hablar de un Estado limitado. Hay una diferencia importante entre ambos conceptos. El Estado austero gasta poco; el Estado limitado hace pocas cosas. La austeridad es una virtud administrativa; la limitación del Estado es un principio de filosofía política.
Un Estado puede ser austero y, sin embargo, intervenir en casi todos los ámbitos de la vida económica y social. Puede gastar relativamente poco, pero regular mucho, prohibir mucho, autorizar mucho y decidir mucho. Así, la austeridad no impide que el poder público termine desplazando las decisiones de los ciudadanos. La pregunta liberal, por tanto, no es solamente cuánto debe gastar el Estado, sino qué debe hacer.
Su función esencial es garantizar la seguridad, administrar justicia, proteger la propiedad, hacer cumplir los contratos y preservar las condiciones institucionales dentro de las cuales las personas puedan producir, trabajar, ahorrar, invertir, contratar e intercambiar libremente. Más allá de esas funciones, la intervención estatal debe justificarse. No porque toda intervención sea ilegítima, sino porque cada una implica sustituir una decisión privada por una decisión pública. Y esa sustitución tiene un costo que suele olvidarse: se pierde información, se restringe la libertad de elección y se debilita el mecanismo de precios mediante el cual millones de personas coordinan sus decisiones.
Aquí aparece un principio fundamental: la subsidiariedad. Lo que pueden hacer los individuos, las familias, las empresas, las asociaciones y las comunidades no debería hacerlo el Estado. Y lo que pueda resolver una autoridad territorial no debería ser asumido por una autoridad nacional.
Esto tiene consecuencias también para la política social. El Estado debe proteger a quien no puede valerse por sí mismo, pero la política social debería procurar que las personas recuperen autonomía, no convertirlas en dependientes permanentes.
El Estado debe crear las condiciones para que exista competencia, inversión y emprendimiento, pero no convertirse en empresario, planificador o asignador general de recursos. El mercado no es simplemente un mecanismo para comprar y vender: es un sistema de descubrimiento basado en precios, ganancias y pérdidas que utiliza un conocimiento que ningún gobierno puede reunir. Es también un mecanismo de experimentación de las innovaciones económicas.
Si el Centro Democrático quiere definir una identidad económica liberal, la discusión debería ir más allá de la austeridad fiscal. Un Estado que gasta menos, pero pretende regularlo todo, sigue siendo un Estado grande.
No se trata de gastar menos para mantener un Estado omnipresente. Se trata de limitar las funciones del Estado para que pueda gastar menos y cobrar menos.
Éste podría ser uno de los principios económicos de una definición doctrinaria del Centro Democrático: un Estado fuerte para garantizar seguridad, justicia y propiedad; un Estado limitado para que los ciudadanos puedan producir, contratar, invertir, intercambiar y prosperar libremente.
