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La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha revelado que, según sus indagaciones en el proceso conocido como “Caso 03”, no solamente fueron asesinadas por miembros del Ejército colombiano algo más de 2000 personas –lo cual es ya escabroso y constituye un conjunto de gravísimos crímenes de lesa humanidad–, sino que, en realidad, el número de víctimas de los mal denominados “falsos positivos” (crímenes de lesa humanidad) cometidos entre 2002 y 2008, ascendió cuando menos a 6.402. Se trataba de personas en la más completa indefensión, humildes y desprevenidas, que atraídas engañosamente con promesas de trabajo, fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate.
Según el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, Dr. Eduardo Cifuentes, las cifras en referencia provienen de versiones voluntarias, informes de Procuraduría, datos del sistema penal, la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y, desde luego, de los datos propios de investigaciones adelantadas por la propia JEP. Para Cifuentes, "la JEP tiene una enorme capacidad de escrutinio en todos estos datos". “Lo que hace –agrega– es determinar ese universo delictivo para adelantar las investigaciones necesarias respecto a una de las mayores atrocidades del gobierno colombiano”, por lo cual –estima con razón– “hay necesidad de garantizar la priorización de la investigación e identificar a los máximos responsables”.
Si vamos a la realidad, el Estado debe reconocer que nuestra administración de justicia se ha demorado demasiado, que mucho se ha ocultado y que, hasta ahora, la impunidad ha sido la regla. La JEP entrega los primeros datos consolidados y ha investigado, aunque faltan los procesos, la localización de los responsables, la imputación, las pruebas, las sentencias, las verdades y la reparación a las víctimas.
Cuando se conocieron los primeros casos de jóvenes sacados con mentiras de Soacha para llevarlos a la muerte, el entonces presidente de la República manifestó públicamente que se trataba de delincuentes muertos en combate, que no estaban “recogiendo café”. Con ello y con declaraciones posteriores de la fuerza pública, se quería explicar lo inexplicable y justificar lo injustificable.
Ante las revelaciones de la JEP, ha habido una reacción de numerosas instituciones y organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, exigiendo que se haga justicia. La ONU, Derechos Humanos Colombia, ha expresado: “Acogemos con beneplácito avances en investigación de ‘falsos positivos’, en que personas fueron presentadas de manera falsa como ‘muertas en combate’. Reconocemos labor importante y legítima de víctimas y ONG para luchar contra la impunidad”.
Muchos años llevan las familias pidiendo, sin resultados, que tan horrendos crímenes no queden en la impunidad; que se diga toda la verdad; que se sepa quién o quiénes impartieron las órdenes; que ellos respondan, y que haya reparación integral y garantía de no repetición. La Fiscalía había revelado que tan solo el 24 % de los casos investigados terminaron en condena judicial. Y la verdad no se ha conocido.
Los “falsos positivos” nos avergüenzan ante el mundo. Uno solo de estos crímenes habría sido abominable. Y fueron 6.402. Confiamos en la JEP, pero, si al final hay impunidad en Colombia, vendrá la jurisdicción complementaria de tribunales como la Corte Penal Internacional. No hay prescripción.
(Colprensa)
