En medio de los miles de crímenes diarios cometidos en una sociedad que, para recordar a Jean Pinatel, se puede calificar como de “criminógena”, se destaca el nuevo caso de rampante corrupción en la Registraduría Nacional del Estado Civil anunciado esta semana en un organismo que, bien se sabe, es el encargado tanto del registro civil como de convocar y organizar los certámenes electorales.
En efecto, el día miércoles, por orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Concordia y a instancias de una muy brillante actuación de la Dirección Seccional de Antioquia y del CTI de la misma, con apoyo de la Fiscalía General, la Registraduría, Migración Colombia y la Oficina del Agregado de Seguridad Inmigración y Aduanas -ICE- de Estados Unidos, fueron capturados siete registradores de diversas localidades del Atlántico incluidos dos exfuncionarios y los registradores especiales de Barranquilla.
Ellos, según reza el boletín de prensa No. 17043 expedido por la Fiscalía General, “al parecer, facilitaban a las mafias de traficantes de personas registros civiles y cédulas, para migrantes ilegales permitiendo su movilización en el país y que adelantaran los trámites necesarios para salir de Colombia”. El asunto es tan alarmante que el propio Fiscal General, en rueda de prensa convocada con el Registrador, anunció que también se investiga a cuarenta y siete registradores más pertenecientes a diversas comarcas, incluida Antioquia, por estar involucrados en esos hechos o en otros similares.
Se estima que los posibles delitos cometidos, según se desprende de las audiencias preliminares instaladas este jueves en Cartagena a donde fueron trasladados los capturados y de las palabras del Fiscal, aunque no parecen del todo claros los juicios de tipicidad encaminados a adecuar las conductas, son los de tráfico de migrantes, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, cohecho y hasta concierto para delinquir.
Por supuesto, este último cargo que aquí sí parece configurarse, hoy no se le niega a nadie dado que los tipos penales contenidos en los artículos 343 y siguientes del Código Penal son de captación, en atención a que arropan cualquier conducta y se les confunde con la figura de la participación criminal en el delito, algo ya usual dada la mediocridad intelectual reinante entre algunos que difunden el mal llamado “sistema penal acusatorio”.
Por supuesto, aunque debe advertirse que la presunción de inocencia de los capturados se tiene que preservar a toda costa y los medios no pueden condenarlos, estos hechos ameritan diversas reflexiones: ¿Esos siete registradores, y los cuarenta y siete más que anuncia el Fiscal, actuaron solos? ¿Hay funcionarios de segundo nivel comprometidos? ¿Hay particulares? Y, añádase: ¿Quién y mediante qué procedimientos los seleccionó y nombró en esos cargos? ¿Se hicieron los estudios de seguridad pertinentes?
¿Cómo es posible que esto suceda durante cuatro años y algunos hablen de 63 000 nuevos colombianos nacidos por esta vía, gracias a un procedimiento en cuya virtud los interesados consiguen dos testigos falsos que acreditan su calidad de nacionales? Y algo más preocupante: ¿qué ha sucedido con los certámenes electorales celebrados en épocas recientes por esas personas, comenzando por el pasado remedo de plebiscito? ¿Son estos los funcionarios que garantizan la “pureza democrática” de la que tanto se ufanan las autoridades con el presidente de la República a la cabeza?
Así las cosas, después de la citada rueda de prensa y del pálido comunicado expedido por la Registraduría Nacional (donde se dice, con acento propio de próceres, que ese ente “continuará adelantando todas las acciones orientadas hacia la transparencia” porque él “debe brindar todas las garantías como soporte que es de la democracia”), queda claro que sobre este asunto no se puede tender una cortina de humo y tienen que aparecer todos los responsables.
En cualquier caso, los colombianos estamos notificados de una nueva gesta: ¡ya no se nos “fabrica” por medio de la procreación natural, sino en las azarosas dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
