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En la historia de la paz mundial encontramos lecciones valiosas de pragmatismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa entendió que reincorporar a los veteranos a la economía formal no era solo una necesidad social, sino la única forma de evitar que la desesperación económica reinstaurara el sentido de rabia y orfandad del final de la Primera Guerra - por ello nació el Plan Marshall.
Aun así, al mirar la implementación de nuestro proceso de paz y la gestión ante la JEP, se observa una falta de claridad pedagógica y tal vez por ende de voluntad política sobre los 6.915 comparecientes de la Fuerza Pública. La atención mediática suele concentrarse en los mandos de las antiguas guerrillas y de los 13.000 firmantes de paz. Mientras poco se habla de personas como Pablo Valencia en Medellín. Siendo cabo, cumplió seis años detenido por acatar órdenes irregulares, algo que, bajo la justicia ordinaria, habría significado una condena de hasta 50 años. Su caso ilustra la realidad de cerca de 2.816 miembros de la Fuerza Pública que recobraron la libertad para someterse a la JEP bajo estrictos compromisos de verdad y reparación.
El drama principal es la falta de un acompañamiento integral. Mientras la dimensión jurídica avanza con la JEP y Fondetec, la respuesta socioeconómica está desarticulada. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) solo atiende al 15% de estos comparecientes, por falta de presupuesto. Más de 5.900 personas se están quedando sin una ruta institucional de estabilización. Las cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) lo confirman: el 40,8% de los caracterizados está desempleado, el 65,6% pertenece al estrato 0 y más del 77% no cotiza a pensión.
Dejar en el abandono a hombres capacitados en tácticas militares en un entorno donde las organizaciones criminales se expanden, o donde reclutan mercenarios colombianos para guerras en Ucrania o África, sin hablar de las disidencias o el Clan del Golfo, supone un riesgo inmenso para la seguridad y la no repetición.
El sector privado tiene disposición para aportar, pero el obstáculo suele ser la incertidumbre jurídica y el estigma; en varias reuniones convocadas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y las Naciones Unidas, solo el 50% de los empresarios ayudaría en la recuperación económica de los soldados comparecientes, pero solo el 20% a los antiguos guerrilleros. Vuelve el fantasma de George Santayana, el filósofo hispano-estadounidense que acuñó la célebre frase “quienes no conocen la historia, están condenados a repetirla.”
¿Vamos a seguir repitiendo nuestra triste historia de violencia, guerras y tratados de paz?
No es un tema de negocio, o de creer o no creer en las “FARC-Santos”, es un tema de prospectiva del futuro de Colombia. Pero no solamente es del sector privado, los gobiernos nacionales, y dados los numerosos casos como el de Antioquia de donde vienen más del 10% o de los 4 principales departamentos donde están el 30% de ellos, los gobiernos regionales deben asumir parte de esa responsabilidad de ubicarlos económicamente. Y también del Ministerio de Defensa, que en el pasado apoyaba la cultura de las ‘no-manzanas podridas’.
También, el apoyo privado y público debe enfocarse en alternativas flexibles como las cadenas de valor (compras inclusivas), mentorías y el uso de la Ley de Segundas Oportunidades o las Sociedades BIC. Integrar a estos antiguos soldados en la economía es un imperativo de visión de Estado que requiere una política pública continua y un auténtico liderazgo colectivo.
