viernes
8 y 2
8 y 2
El pasado 13 de febrero el Gobierno presentó la reforma a la salud que apunta a ser un complejo, costoso, incierto y riesgoso experimento, que ni ellos mismos han sido capaces de explicar cómo van a poner a funcionar, en cuánto tiempo ni a qué costo. Carecen de argumentos que sustenten la necesidad de cambiar de raíz y en su totalidad el actual sistema, más allá del trillado argumento de la supremacía moral de lo público sobre lo privado.
Su eje son los Centros de Atención Primaria que reemplazarían a las actuales EPS, los cuales estarían apoyados por una intrincada trama burocrática de más de sesenta nuevas entidades públicas a nivel nacional y territorial controladas por los políticos locales, lo que deja más dudas que certezas sobre la capacidad de este invento para asumir exitosamente la salud de los colombianos.
Pretender reemplazar al asegurador de salud con un prestador de servicios, es algo que ni siquiera hacen sistemas públicos como el inglés o el español que disponen de entidades especializadas para manejarlo. Creen equivocadamente que gestionar el riesgo en salud es lo mismo que la atención primaria, que asegurar el riesgo financiero es igual que pagar facturas o que para controlar la calidad y el costo de los servicios sólo basta un tarifario.
Otra cosa diferente, en la que todos están de acuerdo, es fortalecer los servicios en las zonas rurales y basar la atención en prestadores primarios encargados de ser la puerta de entrada, ofrecer la mayor cantidad de servicios y evitar así que los pacientes se desplacen innecesariamente a hospitales de alta complejidad y congestionen las urgencias. Esto no es nada nuevo en el mundo, sin ir muy lejos, Bogotá es un buen ejemplo donde desde tiempo atrás existen los CAPS que hoy propone la reforma.
Argumenta el presidente que España es una muestra de su modelo, pero no dice que lleva 120 años en construcción, con problemas que hoy no tiene Colombia. Allí el 25% de sus ciudadanos acude a seguros privados por las largas listas de espera para la atención, que elevan al 22% el gasto que cada hogar debe asumir de su bolsillo. Además, excluyen servicios como odontología, optometría, varios medicamentos, y restringen el acceso a clínicas privadas. En Colombia, los seguros privados no superan el 4%, ni el gasto de bolsillo el 15%, uno de los más bajos del mundo; y cubre prácticamente todo, sin límites y en casi cualquier prestador privado.
Lo más riesgoso de este ensayo es pretender cambiar un sistema que por 50 años ha sido predominantemente privado por uno nuevo de carácter público. Esto podría tomar décadas y con resultados inciertos ante lo complejo de su diseño que además se soporta en unas instituciones inexistentes, sumado a la carencia de un acuerdo político que lo sustente durante varios gobiernos. Es experimentar con una alta probabilidad de fracaso arriesgando la salud de la gente sin razones contundentes que justifiquen emprender semejante aventura.
