Por Armando Estrada Villa
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El país empieza a discutir otra reforma tributaria. La pandemia obligó al Gobierno a aumentar el endeudamiento y a incrementar el déficit fiscal. Y ahora, pagar la deuda, solucionar el déficit y enfrentar los contagios, la pobreza, el desempleo y el hambre requiere nuevos recursos que deben conseguirse vía impuestos. Esto obliga al Estado a tramitar una reforma tributaria que le brinde los fondos necesarios para acometer estas tareas. Los riesgos de no hacerlo son amenazadores: la pérdida de la calificación y el desfinanciamiento de los indispensables y ambiciosos programas sociales.
El debate se plantea en torno al cobro de los impuestos, pues el proyecto propone ampliar la base tributaria del IVA mediante el gravamen a productos exentos y el aumento de la tarifa para otros, la ampliación de la base del impuesto de renta para convertir en contribuyentes a muchos colombianos que hoy no lo son y el cobro de impuesto a patrimonios de más de cinco mil millones de pesos.
Se trata de una reforma que busca corregir algunas fallas del sistema tributario. Actualmente, las rentas de capital pagan menos que las rentas de trabajo; como es fácil evadir, las empresas que evaden pagan mucho menos de lo que en justicia debieran pagar; son bajos los impuestos de actividades de impacto social y ecológico negativo (tabaco, combustibles fósiles, licores, vehículos); el estatuto tributario es engorroso y complejo; el monto de los ingresos tributarios es bajo: 19 % del PIB contra 33 % en la OCDE y el efecto del sistema sobre la redistribución del ingreso y la riqueza es pequeño, pues el Gini es alto: 0.537.
¿Qué finalidades debe satisfacer una reforma tributaria?
Primero, aumentar el recaudo que es de imperiosa necesidad en este momento.
Segundo, regular la economía modificando algunas variables y alterando aspectos específicos del comportamiento y decisiones de los agentes económicos, estimulando algunas actividades (producción de energías limpias, por ejemplo) y castigando otras dañinas (plásticos de un solo uso, combustibles fósiles).
Tercero, redistribuir, esto es, que a los agentes económicos privados se les altere la capacidad de apropiación de bienes, servicios y factores que obtendrían por su libre participación en los procesos de producción, distribución y acumulación
Cuarto, que sea equitativa y trate igual a los iguales y desigual a los desiguales en capacidad económica. Y en el IVA, por ejemplo, el trato a un pobre es igual que a un rico, pues pagan igual por lo que compran.
Quinto, que sea progresiva y grave con tarifas más altas a quienes tienen una mayor capacidad económica para que, a medida que aumenta la riqueza o el ingreso, aumente el tributo a pagar.
Sexto, que sea eficiente y ataque la evasión y facilite el recaudo.
Séptimo, que sea competitiva en el plano externo, ya que los Estados hoy compiten con los impuestos para atraer y mantener la inversión. Ojalá esta reforma alcance estas finalidades, y no se olvide el ataque a la corrupción y la supresión de gastos innecesarios.
Corresponde, entonces, al sistema tributario sustraer parte de las rentas a las clases sociales de ingresos altos y al gasto público distribuirlos entre las clases sociales de ingresos bajos. Para que mediante los impuestos cobrados equitativamente a los que tienen capacidad económica y el gasto público focalizado en los más necesitados el rico y el pobre lo sean menos: el rico menos rico y el pobre menos pobre
