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Federico Gutiérrez Zuluaga
Columnista

Federico Gutiérrez Zuluaga

Publicado el 04 de abril de 2021

La seguridad: hacia una Paz verdadera

En Colombia la violencia criminal no cesa. Los actores involucrados continúan afectando derechos y libertades ciudadanas a través del terror, el desplazamiento y el homicidio de líderes sociales y personas inocentes. Estos grupos criminales, que actúan bajo objetivos netamente lucrativos, deben ser desenmascarados, enfrentados con toda la capacidad estatal y sometidos a la justicia de manera contundente.

Y es que durante las últimas semanas se han presentado graves hechos de violencia en el país, afectado a más de 10.000 personas que han huido de sus casas para salvar sus vidas. El departamento de Arauca, por ejemplo, ha recibido en los últimos días más de 5.000 migrantes venezolanos y connacionales que tuvieron que desplazarse debido a los enfrentamientos armados ocurridos en la frontera entre disidencias de las Farc y fuerzas armadas de Venezuela. Igualmente, más de 2.000 personas han llegado al casco urbano de Argelia en el departamento del Cauca desplazadas por la confrontación entre grupos armados ilegales. En esta misma región, el pasado 26 de marzo se produjo un atentado terrorista con carrobomba a la Alcaldía del municipio de Corinto que dejó 46 personas heridas.

Actualmente, las zonas más afectadas por la violencia y la inseguridad son Catatumbo, norte del Cauca y la región del Bajo Cauca antioqueño. Para muchos analistas, como Eduardo Pizarro, estas zonas tienen una posición geográfica estratégica por estar situadas en las rutas de tránsito de estupefacientes y armas que van desde las selvas en el interior del país hacia los puertos de salida en el Pacífico y en la frontera venezolana.

De ahí, que grupos como el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo estén enfrentados por el control de territorios para expandir sus rentas ilegales y su accionar criminal. Lo peor de todo es que sus delitos producen afectaciones graves a ciudadanos inocentes que terminan asumiendo los costos de la violencia. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señala que este tipo de confrontaciones ha producido una serie de desplazamientos forzados y crisis humanitarias en departamentos como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander, lo que se traduce en miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes en situación de pobreza que para salvar sus vidas tienen que dejar sus hogares, territorios y proyectos de vida; familias que se unen a los más de 8 millones de víctimas que deja el conflicto armado en Colombia.

Como vemos, las causas de los recientes hechos violentos son múltiples e involucran actores ilegales, control territorial y debilidad estatal. La Policía y el Ejército enfrentan múltiples desafíos en ambientes urbanos y rurales. Por ello, es importante que la fuerza pública reconfigure constantemente sus estrategias de seguridad con el fin de enfrentar efectivamente a las estructuras mafiosas que actúan en el marco de las economías criminales, además la autoridad estatal debe combinar, como siempre lo he reiterado, la fuerza con la inteligencia, las oportunidades, la justicia y la inversión social.

En este contexto de afectación a la seguridad, el Estado no puede ceder, debe mantenerse firme para enfrentar con toda su fuerza y la legitimidad de sus instituciones esta amenaza de la criminalidad trasnacional, además mantener sus esfuerzos para activar todas las rutas de atención y ayuda humanitaria que garantice unos mínimos vitales a las poblaciones afectadas; sin embargo, estas ayudas son limitadas, y aunque importantes como respuesta inmediata, no terminan por resolver los grandes problemas estructurales alrededor de la violencia que sigue padeciendo nuestro país, un asunto que nos debe ocupar como sociedad si queremos avanzar hacia una paz verdadera

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