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El deterioro del orden público en el norte del departamento del Cauca no solo es preocupante por la pérdida de vidas y afectaciones en la calidad de vida de sus habitantes, sino porque es sintomático de lo que puede suceder en el país.
El Gobierno y los medios de comunicación buscan explicar esta deplorable situación como efecto de los cultivos ilícitos, pero la verdad es esa y mucho más. Es una situación compleja que refleja múltiples problemas que el Gobierno, la institucionalidad y las comunidades deben comprender y resolver.
Las economías ilegales constituyen el principal actor. Es verdad que en esta zona del país los cultivos de coca se han triplicado en los últimos ocho años (pasaron de 5.300 a 17.000 hectáreas), auspiciados por carteles mexicanos; pero también es cierto que prosperan minería ilegal y los cultivos de marihuana en invernaderos que abastecen el mercado nacional. Todo ello con inmensa capacidad corruptora.
En esta pequeña pero importante área del territorio nacional se condensan las expresiones del capitalismo salvaje y deforme que la sociedad colombiana debe repudiar. La lucha por el poder mafioso y el control territorial producen la muerte, la violencia y el deterioro moral que hoy se evidencia.
Desde el inicio de la vigencia del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, se sabía de la poca predisposición de los frentes de las Farc establecidos en el área para aceptar lo pactado, por haber acumulado valiosos activos, tener el control de los corredores del narcotráfico y poder continuar usufructuando su pingüe negocio; y donde fue efectiva la desmovilización, se crearon espacios vacíos no ocupados por el Estado, sino por organizaciones criminales diversas que ampliaron su poder y su actividad rentística ilegal.
En este escenario es indispensable la presencia integral del Estado. Por ello, es acertado el primer paso del presidente al nombrar al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, para coordinar los esfuerzos institucionales y ordenar el envío de 2.500 soldados adicionales, para incrementar la acción coercitiva, mas no represiva de la Fuerza Pública. Pero ello es necesario, pero no suficiente. Se requiere inversión social, seguridad y justicia. O en términos más concretos, la estrategia debe conjugar lo pactado en los acuerdos de paz con las Farc.
Los resultados serán exitosos si se oye la voz de las ciencias sociales; si se protege a la comunidad Nasa y su guardia indígena; si se privilegia el diálogo para romper la desconfianza entre los resguardos indígenas y la Fuerza Pública y se trabajan coordinadamente los esquemas de seguridad; si se privilegian los Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) establecidos en el área (17 de los 170 municipios PDET se encuentran en el Alto Patía y norte del Cauca); si se ejecuta con idoneidad el Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), en forma articulada con los planes integrales comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo diseñados para la región; si se establece la misma como Zona estratégica de intervención integral (ZEII); si se logra mayor apoyo de las comunidades a la Fuerza Pública y mayor efectividad de la misma; si los resguardos indígenas entienden que su capacidad de defensa es moral, mas no física y que su merecida y respetable autonomía ancestral no puede ser obstáculo para proteger sus vidas y la sana convivencia.
