Decía un viejo principio jurídico que cuando alguien se abstiene de evitar un resultado dañoso, pudiendo hacerlo, equivale a que esa persona también causó ese daño. El actual gobierno de Colombia, teniendo a mano todas las herramientas legales y de autoridad, ha preferido abstenerse de intervenir cuando sus agentes (administrativos o de la fuerza pública) presencian la invasión ilegal de tierras y, según informan los medios de comunicación, también propiedades en zonas urbanas. Al omitir el cumplimiento de sus deberes constitucionales, el gobierno y sus funcionarios les dicen a los ciudadanos que, en fondo y en forma, comparten esas invasiones.
¿Es descabellada esta conclusión? Veamos: en declaraciones a la televisión, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo: quienes irrumpen en tierras ajenas saben que tienen un plazo de 48 horas para cesar su acción. Si no lo hacen, ya eso pasa a la autoridad judicial. Traducción: la Fuerza Pública no hará nada, los uniformados solo serán testigos. Si mucho, propondrán “diálogo pacífico”. Será un juez, luego de 15 años de proceso, quien emitirá alguna orden. Mientras tanto, los nietos de los invasores seguirán allí y los propietarios habrán muerto, posiblemente en el exilio. Y el exministro será el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otra señal: los medios han informado quiénes son los personajes a los que el presidente Petro nombró en entidades como la Unidad de Restitución de Tierras o la Agencia Nacional de Tierras. El derecho a la propiedad privada, los títulos legítimos sobre los bienes inmuebles, la buena fe tienen hoy en Colombia el mismo valor que las convicciones y la ética de los actuales políticos del Partido Conservador: cero
