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Aunque son un derecho, la larga tradición de protestas en Colombia ha estado enmarcada por la deslegitimación que los poderes político y económico han ejercido sobre ellas.
Esta vez también. Se acusa a quienes protestan de querer todo regalado (pagan impuestos, IVA y porcentaje de salario para salud y pensión, además de educación entre otros), que se basan en mentiras, que lo que piden ya se está solucionando, y muchas otras afirmaciones falaces.
Se han caracterizado por brotes de violencia. La propician vándalos de extrema (izquierda y derecha) y de las fuerzas del Estado (Human Rights Watch comprobó varios casos de vandalismo oficial en la actual protesta).
Y el poder, así como ciudadanos afectos a este o indiferentes, acompañado por medios de comunicación, resaltan las pérdidas por daños y por efectos en la economía. Pérdidas que se compensan con creces por el empoderamiento ciudadano cuando se sienta escuchado y útil al país.
No citan las otras causas que generan violencia, desde la política económica para los privilegiados (reducción y exoneración de impuestos de varios billones al gran capital mientras se grava más a las clases media y trabajadora).
Violencia es lanzar piedras o bombas, dañar bienes y atacar a miembros de la fuerza pública, y también los ataques de esta contra ciudadanos, en su inmensa mayoría inermes. Pero hay otra violencia de la que no dan cuenta ni gobierno ni medios ni quienes se oponen a las protestas.
¿Cómo no va a ser violencia que el 1 % más rico de la población concentre el 20 % del total del ingreso del país? (Cepal)
¿Cómo no calificar de violencia el que el 1 % de las fincas de mayor tamaño tengan en su poder 81 % de la tierra y que el 19 % restante se reparta en el 99 % de las otras fincas? (Oxfam) (El presidente Iván Duque ignoró el tema de la reforma rural en asamblea de Fedegan esta semana).
¿Cómo afirmar que no es violencia que solo 22 % de los colombianos tenga título universitario, que solo 52 de cada 100 accedan a la educación superior y apenas 50 % se gradúe?
Tantas otras violencias que se acumulan, como las citas médicas a 3 meses, negación de medicinas y tratamientos urgentes.
Violencias que derivan en una insatisfacción ciudadana generalizada, acrecentada por acción u omisión gubernamental, y su negativa a enderezar el camino.
Maullido: en este diciembre, no compre lo que no va a usar.
