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Taller de Opinión
Columnista

Taller de Opinión

Publicado el 08 de julio de 2019

Legislación doctrinal

Por LUIS HERNÁN TABARES AGUDELO

Corporación Universitaria Americana
Facultad de Derecho. Décimo semestre lhernanta@gmail.com

El derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos hace parte del debido proceso. Es un derecho fundamental con un conjunto de normas que las protegen para asegurar que en el proceso tengan una pronta y cumplida justicia.

Esto está protegido en el artículo 29 de la Constitución de 1991. Además, el artículo 228 nos trae el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el cual dispone que “en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial”.

Y el artículo 12 del Código General del Proceso le ordena al juez que cuando encuentre vacíos “procurará siempre hacer efectivo el derecho sustancial”. Pero a los jueces también se les dice que además de lo anterior deben tener en cuenta para sus fallos el precedente judicial, la doctrina probable y la jurisprudencia.

El precedente judicial consiste en que la sentencia se falle, no de los códigos sustanciales sino por los fallos de otros jueces a un caso parecido o análogo, en especial que se basen en los fallos de los tribunales.

Con relación a la doctrina probable encontramos que tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable y los jueces “podrán” aplicarlas en casos análogos.

También encontramos que el sistema de valoración probatoria utilizado en el ordenamiento procesal en Colombia es la libre apreciación o apreciación racional. Consiste en dejar al juez la facultad de establecer el grado de convicción o credibilidad de cada medio probatorio y de todos en conjunto. Pero no de manera arbitraria sino mediante análisis racional y lógico, exponiendo desde luego los fundamentos de su decisión.

Llama mucho la atención todo lo anterior porque el artículo 230 de la Constitución ordena que: “Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”. Por lo tanto, los jueces muy seguido quedan más que confundidos y se ven destituidos cuando toman decisiones que van en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Para concluir, en Colombia es un hecho notorio que tenemos un Congreso perezoso para legislar o que ciertos debates cruciales no los hace; las cosas se invierten cuando en decisiones como matrimonio igualitario, adopción de niños por parejas del mismo sexo, eutanasia, el aborto, dosis mínima y fumigación con glifosato, encontramos que los magistrados de la Corte Constitucional están remplazando al Congreso tomando estas decisiones en una especie de legislación doctrinal.

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