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Vender Aguardiente Antioqueño en Cali es un delito. No en sentido figurado – como podríamos interpretarlo si se hablara de aguardiente tapa verde –, sino literalmente. “La venta y distribución de este aguardiente están penalizadas por el delito de contrabando”, anuncian avisos publicitarios de la Gobernación del Valle, presentando en una fotografía una inocente botella de tapa azul como si se tratase de uno de los criminales más buscados, sin derecho a la presunción de inocencia.
El “neoliberalismo explotador” y la apertura económica parecen no haber llegado hasta los aguardienteros: los últimos vestigios de nuestras tradiciones coloniales perSi smanecen casi intactos en lo que a bebidas alcohólicas se refiere, llevándonos al absurdo de que, en pleno siglo XXI, sea imposible comercializar nuestro licor en ciertos lugares dentro de Colombia.
El “estanco” del aguardiente, que representa el monopolio estatal sobre la producción y distribución de este producto con el fin de recaudar impuestos, es una invención española con más de 400 años de antigüedad, eficazmente implementada en sus colonias de América Latina. Este estanco del aguardiente, junto al del tabaco, se convirtió rápidamente en la principal fuente de ingresos tributarios de lo que entonces se conocía como Nueva Granada, alcanzando en su apogeo hasta el 40% de los ingresos totales de la colonia. Aunque se justificó la creación de estos estancos en las colonias por motivos de salud pública y para fomentar las “buenas costumbres”, generó resistencias, como la “Revolución de los Estancos” en Quito y la “Rebelión de los Comuneros” en Colombia, ambas motivadas por el rechazo a los impuestos sobre los licores.
A pesar de esto, este monopolio colonial ha demostrado su resiliencia, persistiendo hasta la actualidad bajo el control de los departamentos que, en medio de su pobreza en cuanto a ingresos fiscales, a menudo dependen de las ganancias de las licoreras departamentales para financiarse. Por ejemplo, en 2023, los ingresos de la Gobernación de Antioquia provenientes de la FLA superaron los $800.000 millones, cifra aún más relevante cuando se compara con el presupuesto de libre destinación del departamento, el cual, según el gobernador, este año será de $200.000 millones.
La promesa incumplida de descentralización fiscal ha resultado en que muchos departamentos dependan económicamente de que sus ciudadanos se emborrachen con sus productos para tener ingresos, incentivando así un proteccionismo regional absurdo. Además de la ilegalidad de vender Aguardiente Antioqueño en el Valle, existen situaciones similares en otras partes del país, como la controversia reciente por la prohibición del Aguardiente Amarillo de Manzanares, de la Licorera de Caldas, en Bogotá y Cundinamarca.
Pero más grave aún, este proteccionismo ha creado barreras para la competitividad de licores extranjeros en el país, atrofiando nuestras papilas gustativas hasta convencernos de que el aguardiente sabe bien. Al mismo tiempo, este mercado cautivo desincentiva la mejora en el avance en calidad y mercadeo de rones y aguardientes colombianos, frenando su capacidad para competir en el ámbito internacional.
Ni los ingresos de los departamentos deberían depender del aguardiente, ni el proteccionismo ligado a su monopolio debería resultar en perjuicio para los consumidores colombianos.
¡Liberen al aguardiente!
