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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 05 de mayo de 2021

¿“Lo demás es loma”?

Uno de los detonantes de la bomba social colombiana y su persistencia cíclica es la desconexión deliberada de su clase dirigente (pública y privada). Durante el paro nacional, dicho alejamiento se ha evidenciado en su relación con dos instrumentos fundamentales para el funcionamiento sano de una democracia: la prensa independiente (¡libre!) y la fuerza pública.

Por una parte, los grandes medios de comunicación se empeñan en realzar el vandalismo (el organizado, el anarquista y el oportunista: todos infiltrados) e invisibilizar la protesta pacífica, ignorar y caricaturizar los reclamos legítimos de los ciudadanos; por otra, la fuerza pública actúa a merced de las “órdenes ambiguas”, casi crípticas (“resistir revolución molecular disipada”), desde diferentes flancos. ¿Quién da la orden?

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, trinó Álvaro Uribe el 30 de abril. Twitter sancionó. La fuerza pública obedeció, pero ¿solo a Él?

El Primero de Mayo (con su simbolismo), Iván Duque autoriza la asistencia militar. El ministro de Guerra, Diego Molano, insiste en la estigmatización de un derecho constitucional (asunto frente al cual se ha pronunciado la Corte Constitucional) y asegura que “los actos criminales en Cali” –sin discriminarlos de la protesta ciudadana– “corresponden a organizaciones terroristas”.

La Corporación Veteranos por Colombia, organización de militares de reserva, rechazó la asistencia militar bajo tres argumentos: (1) la fuerza pública está entrenada y armada para el combate rural antisubversivo, no para contener la protesta social; (2) el armamento del Ejército es de alta letalidad, y (3) el “principio de obediencia debida” no exonera de responsabilidad constitucional a quien ejecuta una orden. Además, advierten sobre el abandono institucional a miembros de la fuerza pública que están presos después de haber sido acusados y condenados por ejecuciones extrajudiciales.

Dicha Corporación responsabiliza al ministro Molano por las posibles “faltas, errores y violaciones a los Derechos Humanos que llegasen a cometer los miembros del Ejército nacional en las áreas urbanas”. (Con ese mismo rasero, ¿cuál sería la deuda de la exministra de Guerra Marta Lucía Ramírez por la Operación Orión?).

La representante de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, Juliette de Rivero, alertó: “Mientras dábamos seguimiento a la situación de derechos humanos en Cali, no hubo disparos directos contra el equipo de la ONU. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”.

¿Exageraciones? ¡La ONU se refiere a un cuerpo armado que supuestamente sí sabe contener las protestas!

El vacío fiscal no es tan hondo como el de las entrañas de las madres de los jóvenes heridos y asesinados en las protestas (tanto manifestantes cuanto de la Fuerza Pública). El desabastecimiento del que se empieza a informar como consecuencia de los bloqueos (deplorables) en las carreteras será siempre inferior al “otro desabastecimiento”, el estructural (triplemente deplorable), el de los campesinos e indígenas loma adentro que no alcanzan los cascos urbanos, bloqueados por la carencia de una infraestructura mínima que les permita comercializar sus cultivos y salir de la miseria.

Mientras hierven las calles, se anuncian conferencias de Uribe (New York University) y Duque (Ivy Connect) sobre democracia y liderazgo.

Cali es Cali. Y, además, es loma

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