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Hace cerca de cincuenta años, Álvaro Gómez sostenía que la lucha contra la droga estaba perdida. Eso lo planteaba durante el cuatrienio de López Michelsen, gobierno del cual hizo parte con destacados amigos suyos en el gabinete. Eran tiempos en que la marimba prosperaba en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta y dos familias se destrozaban por el predominio del negocio. Un escritor y periodista, Juan Gossaín, en su novela La mala hierba, predecía, a través del cacique Miranda, su personaje central, lo que le venía pierna arriba a la sociedad colombiana. Eran los primeros fogonazos del negocio del narcotráfico.
En ese gobierno se abrió la llamada “ventanilla siniestra” en el Banco de la República. Ella servía como lavandería para asear el dinero proveniente de la droga. El negocio, con el marco propicio de la impunidad, era redondo. No calculaba el Estado el monstruo que se estaba engendrando. Se perfeccionaría ese engendro demoniaco años después con el terrorismo desatado. Ardió la Corte Suprema, volaron periódicos, se asesinó a funcionarios del Estado, ministros, procuradores, gobernadores, jueces, policías. Cayeron periodistas y gentes del común.
Sostenía Álvaro Gómez por aquella época —lo que hoy repiten muchos—: “nos corresponde, en virtud de nuestra pobreza y de nuestra localización geográfica, ser los agentes materiales, probablemente los más expertos y baratos, de un comercio cuyos autores intelectuales y cuyos beneficiarios son otros: la poderosa mafia y los más ricos consumidores de los Estados Unidos [...]. La magnitud de los sobornos y la arrogancia de los procedimientos criminales empleados por la mafia hacen insignificantes los demás delitos [...]. Es previsible que a medida que los narcotraficantes consigan un mayor dominio sobre nuestros sistemas represivos, esa eficacia se deteriore más”. Y concluía: “La lucha contra la droga ha sido estéril”. Ella es combustible para la guerra y la corrupción.
Estas advertencias, medio siglo después, siguen vigentes. Continúan debatiéndose las herramientas más expeditas para el combate efectivo contra la droga. Esta crece para inundar de crímenes y de mercancía el comercio externo y doméstico. Se desempolva toda la jurisprudencia para condenar las fumigaciones aéreas y se activan las extradiciones creyendo que esta aún asusta a los delincuentes. El país gasta recursos a montones para enfrentar el narcotráfico, en tanto las ganancias de estos se quedan rentando en la banca internacional. Por ello, la lucha está perdida. Hay que buscar nuevos caminos para enfrentarla. Y uno podía ser su descriminalización.
La droga libre —volvía a escribir Álvaro Gómez en 1977— “sería quizá la ruina para los traficantes. Es posible que ellos serían los más interesados en crear comités cívicos para impedir su liberación porque el negocio de ellos es, precisamente, violar la ley. Ahí es donde están los grandes rendimientos”.
Colombia, decía Gomez, “sigue perdiendo el combate luchando en solitario”. Pone los muertos en tanto los países receptores llenan sus panzas bancarias con el dinero sucio que les llega. La ley del embudo en todo su esplendor
