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La convulsionada historia de nuestro país permite recordar momentos aciagos que parecen repetirse de tiempo en tiempo. El 10 de septiembre de 1885, desde el balcón del Palacio Presidencial, el entonces presidente Rafael Núñez secundado por la fuerza intelectual y moral de Miguel Antonio Caro, lanza la siguiente frase lapidaria: “La Constitución de Rionegro ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de la Humareda”. El contexto histórico permite recordar que, como una reacción contra el centralismo exagerado, el autoritarismo incontrolado y el confesionalismo rechazado por muchos, a partir de las reformas constitucionales de 1853 y 1858, el país fue caminando lentamente hacia nuevos senderos en el pensamiento y en la estructura del poder. Este aire contrario a la concentración de poder tuvo su máxima expresión en la reforma de 1863, producto de la convención liberal de Rionegro, donde se consagró un nuevo Estado de carácter federal, se disminuyeron los poderes del gobierno central, se fortaleció la autonomía política, administrativa y comercial de los estados federales y se reconocieron amplios derechos y enormes libertades, como el comercio de armas y la conformación de ejércitos territoriales.
La ola de violencia e insubordinación llevó a confrontaciones entre el centro y los territorios, y en medio del desangre de la Nación, el denominado movimiento de regeneración nacional, encontró el momento oportuno para declarar que la Constitución de 1863 dejaba de existir.
Los movimientos orientados a desconocer la Constitución, con diferentes justificaciones, se han repetido caso de manera permanente en el país, con un colofón bien importante que no debe olvidarse, y es que todos ellos tienden a violentar el orden constitucional, irrespetando la institucionalidad y proponiendo caminos diferentes, para construir poderes autocráticos, mesiánicos, con aura de salvadores del orden y de la unidad nacional.
El Presidente Petro impregnado por ese “espíritu mesiánico” que lo lleva a considerarse como el verdadero salvador del pueblo, se ha obstinado en desprestigiar las demás estructuras de poder, desconociendo su autonomía e independencia, y ha optado por convocar una consulta popular para que sea el pueblo quien finalmente se pronuncie sobre los interrogantes relacionados con la reforma laboral.
Independientemente de que se trate de preguntas que carecen de la claridad y contundencia para ser respondidas adecuadamente por cualquier ciudadano, o que cada pregunta contenga en su interior dos o tres preguntas, desconociendo la rigidez y claridad que se exige para este tipo de pronunciamientos, lo más grave es que el presidente pretende desconocer los requisitos materiales y formales que impone la Constitución. Le tiene sin cuidado que la forma y el contenido de las preguntas no se ajusten a la Constitución, no le preocupa que la Carta exija un concepto favorable y previo del senado, no quiere acogerse a las reglas de competencia del congreso, ni de las cortes. En síntesis, desconoce el marco constitucional. Si ello es así, debemos exclamar: La constitución de 1991 dejó de existir.
