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El gobierno proclama el éxito de su sistema de salud preventiva basándose en la existencia de “80 mil profesionales” que recorren el país visitando hogares, que a su juicio ha permitido reducir las principales causas de mortalidad y morbilidad. Si bien es cierto que estos equipos podrían hacer parte de una estrategia de salud preventiva, esta es mucho más que eso.
Un plan de salud preventiva tiene un enfoque integral e intersectorial, que combina la acción médica, la educación, la promoción social, la participación ciudadana y la intervención sobre el entorno para construir comunidades más sanas, informadas, empoderadas y resilientes. Se desarrolla tanto en los hogares, lugar de trabajo, centros educativos, espacio público como en las instituciones de salud. En conjunto, buscan incidir sobre los determinantes sociales de la salud y crear entornos favorables para el bienestar físico, mental y social de la población.
Sus acciones abarcan tres niveles: i) la prevención primaria que pretende evitar que la enfermedad aparezca, con labores como la vacunación o la promoción de hábitos saludables; ii) la prevención secundaria para detectar la enfermedad en etapas tempranas cuando aún es posible su tratamiento, mediante mamografías o controles médicos periódicos, entre otros; y iii) la prevención terciaria, cuando la enfermedad ya está presente buscando evitar complicaciones, secuelas o recaídas, mejorando la calidad de vida del paciente, utilizando, por ejemplo, la rehabilitación física o psicológica.
Lo que adelanta el actual gobierno a nivel nacional es una reedición de lo que se hizo en Bogotá entre 2012-2015. Afirmaron haber contratado 8 mil profesionales de salud, pero luego se supo que estos no llegaron ni al 10% del total, y que el 90% restante eran personas que no tenían formación ni experiencia en salud, que terminaron siendo recomendados de líderes políticos nombrados a cambio de su apoyo, que, aunque acompañaban en sus visitas a los profesionales de salud, su labor era más de proselitismo político.
Además, como sucede en la actualidad en el país, este mal llamado programa preventivo nunca tuvo un sistema de información por lo que no se pudo saber con certeza las acciones realizadas, ni cuál fue su impacto en términos de mejoría de la salud de las comunidades. Y lo peor, le costó a la ciudad $1.000 millones de pesos diarios lo que significó el sacrificio de otras prioridades sociales sin que se sepa a ciencia cierta cuales fueron los beneficios que lo justificaron.
Lo grave de hoy, es que el gobierno se está gastando en estos equipos $3 billones de pesos al año, recortados del financiamiento de la atención de pacientes cuyas consecuencias de deterioro de los servicios han sido denunciadas por organizaciones de pacientes y medios de comunicación.
La salud no puede seguir siendo utilizada como una herramienta de lucha política para comprar apoyos políticos y menos si con ello se pone en riesgo la prestación de servicios a comunidades vulnerables que no tienen otras alternativas para ser atendidos.
