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En la mesa de concertación del salario mínimo unos reclaman incrementos cada vez mayores en nombre de los trabajadores; otros advierten sobre la necesidad de preservar la viabilidad de las empresas. Pero casi nadie habla de los grandes ausentes: los cerca de trece millones de trabajadores informales que no tienen representación en la mesa y que, sin embargo, suelen ser quienes terminan pagando el costo de las decisiones.
En efecto, en el índice Kaitz —que relaciona el salario mínimo con el salario mediano de la economía—Colombia registra el valor más alto entre los países de la OCDE. El salario mínimo equivale al 92 % del salario mediano, mientras el promedio de la organización apenas alcanza el 56 %. Esta enorme diferencia revela una anomalía que introduce fuertes rigideces en el mercado laboral y dificulta especialmente la contratación de trabajadores de baja productividad.
Los estudios muestran que los incrementos reales del salario mínimo reducen el empleo formal y frenan la creación de nuevos puestos de trabajo. En promedio, un aumento de un punto porcentual del salario mínimo real destruye alrededor de veinte mil empleos e impide la creación de otros veintiséis mil. El resultado es previsible: muchos trabajadores que no logran acceder a un empleo formal encuentran refugio en la informalidad.
El costo lo soportan principalmente las mujeres, los jóvenes y las personas con menor nivel educativo, precisamente quienes enfrentan mayores barreras para incorporarse al mercado laboral. La evidencia incluso muestra que aumentan las probabilidades de que algunos hogares caigan por debajo de la línea de pobreza monetaria. Paradójicamente, una política concebida para proteger a los trabajadores puede terminar perjudicando a quienes más necesitan oportunidades.
Si de verdad se quiere mejorar el bienestar de los trabajadores, la discusión debe abandonar la demagogia y concentrarse en las reformas de fondo. Mientras es posible hacer lo correcto, liberar el mercado laboral, pueden adelantarse las siguientes:
La primera consiste en modificar los criterios para fijar el salario mínimo, limitándolos a dos variables objetivas: la meta de inflación y el crecimiento de la productividad laboral. Ello reduciría el margen para decisiones inspiradas en intereses políticos de corto plazo.
La segunda es avanzar hacia salarios mínimos horarios y diferenciados por regiones. Un mismo salario mínimo para economías con niveles de productividad y costos de vida tan distintos termina expulsando empleo formal en las regiones menos desarrolladas y profundizando las desigualdades territoriales.
La tercera, y la más importante, consiste en elevar sostenidamente la productividad de los trabajadores mediante una mejor educación, formación para el trabajo, capacitación continua, mayor movilidad laboral y mejores condiciones de salud. En este esfuerzo el SENA debería ejercer un liderazgo renovado como eje articulador del sistema nacional de formación para el trabajo, acompañado por una medición permanente y rigurosa de la productividad laboral.
Los trabajadores colombianos necesitan mejores ingresos, pero estos no se decretan; se construyen sobre una economía más productiva y un mercado laboral capaz de generar más y mejores empleos.
