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El paro nacional del 21 de noviembre organizado por las centrales obreras, los maestros, los estudiantes, los empleados judiciales, los indígenas y los partidos de oposición superó todas las previsiones.
A pesar del miedo y las noticias falsas desvirtuando la legitimidad de la protesta, cientos de miles de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades a marchar en forma pacífica para expresar su inconformidad con la política económica y fiscal del gobierno del presidente Iván Duque y su proyectada reforma al sistema de pensiones presentada al Congreso por dirigentes de su partido, que busca desmontar Colpensiones y entregar el sistema a los fondos privados.
También, para defender el derecho a la vida, protestar contra los asesinatos de líderes sociales e indígenas y mostrar su desacuerdo con los bombardeos a grupos disidentes de las guerrillas en los que han muerto niños. Así mismo, para rechazar la débil implementación del acuerdo de paz, el desconocimiento de los compromisos en materia de financiación de la educación pública y el abandono de las comunidades indígenas que ha propiciado el asesinato de sus líderes y malogrado los proyectos de sustitución pacífica de cultivos ilícitos.
El presidente Duque y los dirigentes de su partido sostenían que las marchas de protesta hacían parte de una conspiración internacional que buscaba desestabilizar a Colombia y convertirla en un nuevo foco de revueltas parecidas a las que se han desatado en Chile y en Bolivia.
Sin embargo, con contadas excepciones, las marchas transcurrieron en forma pacífica hasta el final de la tarde, cuando empezaron algunos enfrentamientos entre encapuchados y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía -Esmad- en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Horas antes, también se habían presentado incidentes parecidos en las universidades de Antioquia y del Valle.
Después vino el caos. El Esmad obligó a los manifestantes a despejar la Plaza de Bolívar. Los desórdenes estallaron con violencia en Suba y en los alrededores de la Universidad Nacional. Varias estaciones de TransMilenio fueron atacadas. En Cali, el alcalde decretó el toque de queda. Los disturbios en Bogotá y sus alrededores continuaron el viernes y, al final del día, el gobierno decretó el toque de queda.
Es cierto que una marcha de protesta no es una procesión de semana santa, pero son lamentables los saqueos, el vandalismo y los excesos cometidos tanto por las bandas de encapuchados como por algunos agentes del Esmad que atacaron injustificadamente a ciudadanos que protestaban de manera pacífica.
En medio de los desórdenes, me llamaron la atención algunas imágenes: por ejemplo, el puñado de muchachos que se dedicó a limpiar algunas estaciones de TransMilenio, casi destruidas por los vándalos; los estudiantes universitarios, empleados y comerciantes que el viernes salieron a limpiar fachadas, barrer calles y recoger vidrios por el centro de Bogotá; los estudiantes que se pusieron a recoger la basura en la Plaza de Bolívar y a limpiar los muros del Capitolio Nacional y el Palacio de Justicia, manchados con pintura durante los desórdenes del jueves. Al caer la noche sonaron las cacerolas. Desde las ventanas y los balcones de muchos edificios de apartamentos, la gente sacó sartenes, ollas y cucharones para seguir protestando de manera pacífica. Algunos volvieron a salir a las calles en pijama, cantando y gritando como si fuera una fiesta. El concierto empezó en Bogotá y luego se extendió a Medellín, Cali y otras ciudades.
Todavía es muy temprano para vislumbrar las consecuencias de esta protesta que no se veía en nuestro país desde hace más de 40 años. Lo que sí se puede comprender a simple vista es que Colombia es hoy un país distinto en el que la gente está haciendo oír con fuerza su voz. Ojalá el Gobierno tenga oídos para escucharla.
