viernes
0 y 6
0 y 6
El escándalo que salpicó en la última semana a la Corte Constitucional, por las acusaciones de la supuesta corrupción del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chajub, es un capítulo más de los alcances que la desconfianza institucional ha alcanzado en Colombia y de cómo la corrupción alcanza los más altos niveles del Estado. A Pretelt se le atribuye un millonario pago por el fallo de una tutela.
Muy al estilo de la violencia, hemos perdido la capacidad de sorpresa frente al ‘boom’ estridente de la corrupción, pese a que detrás de este episodio bochornoso hay toda una cadena de hechos corruptos que los medios de comunicación no han informado. ¿Acaso la presunta corrupción de un magistrado de la Corte Constitucional —entidad que parecía insobornable—, no es un hecho de suma trascendencia?
Esta maratón de la corrupción arrancó con las regalías que, según dice en letra muerta su Ley, “es una fuente de desarrollo territorial”. Colombia recibirá regalías minero petroleras por $18,3 billones (9.033 millones de dólares) entre el 2015 y el 2016. La cifra es bastante atractiva y más de uno quiere echarle mano. Incluso la Contralora General, Sandra Morelli, había pedido 28 mil millones de pesos para contratar a 500 nuevos funcionarios que se encargarían de vigilar la plata de las regalías. “Para que sean bien invertidas”, había dicho.
Este país, tan generoso en la existencia de “ías” —contraloría, fiscalía, procuraduría, personería—, es el más notable en América Latina por su burocracia para el control del erario público. A pesar de ello, es uno de los más corrQuptos.
Vamos al Ejecutivo. Allí se dio la primera puntada del escándalo que atraviesa la Corte Constitucional, pues en el 2007 el Gobernador de Casanare, Whitman Porras, ordenó al tesorero del departamento poner 25.000 millones de pesos —provenientes de las regalías—, en una fiducia en Carbones Likuen, cuyo representante legal era Jimmy Freddy Osorio Guevara, condenado por el delito de abuso de confianza. Porras, además, se embolsilló otros 38 mil millones tan pronto se posesionó como Gobernador encargado, pues el anterior había sido condenado por parapolítica. Los recursos provenían de regalías y él se los fue robando a través de Fiduagraria.
Se engolosinó con la plata que no era de él, pese a que gran parte de su departamento no tiene agua potable. Incluso, con dineros de regalías, construyeron en un potrero un hospital sin vías de acceso ni electricidad.
Con esa cantidad de dinero público en sus arcas, el Gobernador Porras autorizó préstamos a privados, que acudieron a él porque los bancos no les prestaban. Hubo jugosas comisiones, hasta de 3 mil millones que recibió el hermano de un senador. Obtuvieron créditos: las concesiones Viaducto Bogotá–Muña y la doble calzada Bogotá-Girardot. Tenía como garantía la voluntad de pago del acreedor, pero este finalmente no le cumplió.
Y la racha de corrupción tiene más alcances, pues la actuación de Porras con Carbones Likuen y Fidupetroleo, también ha salpicado al exministro de Minas, Amilkar Acosta, quien es su fundador. Amilkar aseguró en Caracol Radio que él no tuvo vínculos con esa empresa. Lo cierto es que está visto que estamos frente a un caso de corrupción cuya punta del iceberg es apenas el caso Pretelt, y merecemos conocer cuántos kilómetros ha recorrido esta maratón de hechos corruptos.
