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Durante buena parte del siglo XX, los gobiernos entendieron que el desarrollo dependía, en gran medida, en reducir la incertidumbre. Instituciones sólidas, reglas estables y seguridad jurídica eran los pilares sobre los que se construían la inversión, el crecimiento y la prosperidad.
Hoy el desafío es distinto. No porque la estabilidad haya dejado de ser importante, sino porque la incertidumbre dejó de ser una excepción: se convirtió en el entorno permanente en el que gobiernos, empresas y ciudadanos deben tomar decisiones. Vivimos en un mundo donde una guerra puede disparar el precio de la energía en cuestión de horas; un arancel modifica cadenas globales de producción construidas en décadas; un ciberataque puede paralizar infraestructuras críticas; y donde la inteligencia artificial transforma la educación y el mercado laboral a una velocidad difícil de anticipar. A estas nuevas realidades se suman el cambio climático, las tensiones geopolíticas, el envejecimiento de la población y una creciente polarización política que dificulta la toma de decisiones.
Durante años hablamos de crisis económicas, energéticas o políticas como fenómenos separados. Hoy comenzamos a entender que ya no vivimos una crisis, sino varias al mismo tiempo. Los analistas llaman a este fenómeno policrisis: un escenario en el que los problemas no solo coinciden, sino que se alimentan entre sí y multiplican sus efectos. Ese cambio de contexto tiene profundas implicaciones económicas.
Las empresas invierten más recursos en prepararse para distintos escenarios que en proyectar un único futuro. Los inversionistas exigen mayores primas de riesgo. Los gobiernos deben responder simultáneamente a desafíos económicos, tecnológicos, ambientales y de seguridad. Incluso decisiones cotidianas de las familias —comprar una vivienda, emprender un negocio o cambiar de empleo— se toman en un entorno más incierto que el de hace apenas una generación.
La incertidumbre dejó de ser una percepción para convertirse en factor económico. Por eso, la estabilidad adquiere valor extraordinario.
Cuando el entorno internacional es impredecible, aquello que un país sí puede controlar cobra más importancia. La calidad de sus instituciones, el respeto por las reglas, la independencia de la justicia, la seguridad jurídica y la capacidad de generar confianza dejan de ser simples atributos del buen gobierno para convertirse en ventajas competitivas. Reflexión pertinente para Colombia. Ni las guerras, ni la evolución de la inteligencia artificial, ni las tensiones entre las grandes potencias se pueden controlar. Pero sí podemos decidir si enfrentamos ese mundo con instituciones fuertes o debilitadas; eglas claras o cambiantes; con confianza o incertidumbre adicional creada por nosotros.
Ese puede ser uno de los mayores desafíos del nuevo gobierno: evitar que Colombia contribuya a aumentar la incertidumbre. En un mundo donde casi todo resulta impredecible, ofrecer estabilidad institucional puede convertirse en una de las decisiones económicas más inteligentes. Durante décadas, la ventaja competitiva de las naciones estuvo en sus recursos naturales, el tamaño de su mercado o en el costo de su mano de obra. En el siglo XXI, esa ventaja dependerá cada vez más de algo menos visible, pero mucho más valioso: la confianza.
Cuando la incertidumbre se convierte en la norma, las instituciones dejan de ser un asunto jurídico o político para convertirse en principal activo económico de un país.
