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Algunas metáforas terminan siendo más sinceras que quien las pronuncia. Juan Manuel Santos acaba de encontrar una de ellas. Inspirado por los aficionados noruegos durante el Mundial, invitó a los colombianos a imitar su célebre remo vikingo y a “remar juntos” por la implementación del Acuerdo de Paz. Recordó incluso que, cuando se encontró con Rodrigo Londoño en Cuba, le propuso imaginar que ambos estaban en una canoa remando hacia el mismo objetivo.
La elección del símbolo resulta involuntariamente reveladora. Los vikingos que recorrieron Europa entre los siglos VIII y XI no pasaron precisamente a la historia por sus ejercicios de reconciliación. Saquearon poblaciones y monasterios, capturaron y comerciaron esclavos, extorsionaron comunidades y dejaron tras de sí muerte y desplazamiento. Las FARC pertenecen, naturalmente, a otro tiempo y a otra realidad histórica. Pero cuesta resistirse a la ironía de que Santos haya escogido precisamente esa imagen para defender un acuerdo celebrado con una organización que durante décadas secuestró, extorsionó, desplazó, reclutó menores y asesinó. El problema, sin embargo, no es la metáfora sino cuánto nos está costando el barco.
La JEP nació de una concepción discutible de la justicia transicional según la cual la sanción podía alejarse considerablemente de la pena ordinaria a cambio de verdad, reconocimiento y reparación. El modelo fue producto de una negociación política y jurídica en la que participaron los abogados de las FARC, entre ellos Enrique Santiago, dirigente del Partido Comunista de España y asesor jurídico de la guerrilla en La Habana. El resultado fue un sofisticado sistema de procedimientos, salas, secciones, magistrados, unidades, secretarías y sanciones propias. Sus defensores sostienen que esa complejidad era indispensable para juzgar un conflicto de más de medio siglo. Sus críticos advertimos desde el comienzo algo más elemental y es que cambiar el nombre de las cosas no necesariamente cambia su naturaleza. Una sanción puede envolverse en cientos de páginas de teoría restaurativa, pero la pregunta jurídica permanece intacta. ¿Existe proporcionalidad entre la gravedad del crimen y la consecuencia que recibe quien lo cometió?
La pregunta se hizo todavía más incómoda cuando llegaron las primeras sanciones contra antiguos jefes de las FARC por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio. La JEP impuso ocho años de sanciones restaurativas y restricciones de derechos, sin prisión, conforme al modelo pactado. No puede decirse, entonces, que haya violado sus reglas. El cuestionamiento es más profundo. Fueron precisamente esas reglas las que una parte considerable del país consideró excesivamente indulgentes.
Ahora conocemos también el precio de administrarlas. Para 2027 la JEP solicitó $947.642 millones. El proyecto presupuestal contempló aproximadamente $821.803 millones y una reducción de $100.000 millones dejaría la cifra alrededor de $721.803 millones. Frente a semejantes magnitudes existe una pregunta perfectamente democrática. ¿Cuánto debe costarle al contribuyente una jurisdicción excepcional concebida, además, como transitoria? La independencia judicial no significa independencia del control fiscal. Ninguna institución de la República tiene derecho adquirido a crecer indefinidamente. Examinar su nómina, sus contratos, productividad, duración de procedimientos y relación entre recursos consumidos y resultados obtenidos no amenaza la justicia. Es precisamente lo que una democracia responsable debe hacer con cualquier organismo financiado por los ciudadanos. Durante años se nos pidió aceptar la excepcionalidad en nombre de la paz. Excepcionales fueron las penas, los procedimientos y la jurisdicción. Excepcionalmente grande terminó siendo también la factura.Santos propone ahora que rememos como los vikingos. La imagen quizá sea mejor de lo que imaginó.
Después de diez años convendría dejar por un momento los remos y revisar cuánto ha costado el barco, hacia dónde navega y quiénes terminaron pagando el viaje. Porque el disfraz jurídico de la impunidad puede ser sofisticado. Lo que ya sabemos es que también puede resultar extraordinariamente caro.
