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Como si se tratara de un relato de Margaret Atwood, uno distópico y atemorizante, el mundo enfrenta una ola de amenazas y retrocesos en términos de la garantía de los derechos humanos, afectando particularmente a los sectores sociales ya marginados y más vulnerables. La llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos ha desencadenado una serie de medidas que van desde el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo de París, pasando por la expulsión masiva de migrantes, el desmantelamiento de USAID, la negación de la diversidad sexual, hasta el exhorto de aplicar la pena de muerte como mecanismo de “disuasión”. Para los conservadores, todo lo que se considere “Woke” debe ser erradicado.
Es posible que estas medidas se vengan abajo por su carácter inconstitucional, por contradecir leyes vigentes o por decisión del Congreso. Sin embargo, no son menos peligrosas por el impacto que pueden tener en el imaginario colectivo, que podría percibirlas como necesarias, correctas y dignas de ser replicadas.
Tal es el caso de los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), esfuerzos de décadas que buscan una sociedad más justa en oportunidades y cuyos resultados son tangibles. Se ha demostrado que impactan positivamente en la cultura, el bienestar, el desempeño y la competitividad empresarial. Según McKinsey & Company, las empresas que fortalecen la diversidad de su talento humano pueden ser 36% más propensas a superar a sus competidores en rentabilidad. Hablar de diversidad en un sentido amplio e integral implica valorar la riqueza de voces y pensamientos, sin importar edad, género, etnia, religión, discapacidad u otras condiciones, garantizando derechos y fomentando el desarrollo de cada persona.
A pesar de esto, el gobierno norteamericano ha ejercido presiones para eliminar estos programas, tanto en sus instituciones como en organizaciones aliadas a nivel global. En menos de tres meses desde el regreso de la administración Trump, empresas globales han comenzado a dar la espalda a la equidad.
La facilidad con la que algunas compañías han eliminado sus programas DEI revela algo incómodo: quizás nunca existió un compromiso auténtico con la justicia, sino que fueron estrategias de marketing. Frente a presiones políticas y económicas, han optado por ceder.
Eliminar estos programas trae consecuencias. Se erosiona la cultura organizacional, disminuye el sentido de pertenencia, aumenta la rotación, baja la productividad y se desmotivan los equipos. Además, afecta la reputación y la confianza del consumidor.
Lo más grave es el retroceso social: las poblaciones afectadas no desaparecen, solo quedan más expuestas a discriminación, violencia y exclusión, profundizando la desigualdad.
Por eso, es clave resistir. Las organizaciones que mantengan sus programas DEI mostrarán resiliencia, visión de futuro y coherencia con sus valores. La diversidad y la inclusión no son una carga ni lo opuesto a la meritocracia: son una ventaja competitiva y un compromiso con la equidad. En un mundo donde el éxito depende de equipos diversos, retroceder en estos principios es un error estratégico.
Desde Women In Connection, un movimiento de mujeres líderes en Colombia, confiamos en que nuestro país no replicará esas prácticas. El trabajo por los Derechos Humanos no es una moda, sino el pilar de una sociedad mejor. Este es el momento para liderar con valentía y demostrar que el progreso no tiene reversa.
Directora Ejecutiva de Profamilia
