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El Dane publicó recientemente los resultados de la tradicional Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y, a partir de esta misma, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). La ECV reitera varios de los hallazgos del Censo de Población y Vivienda (CNPV) del 2018. El IPM por su parte, revela que la reforma a la salud “por la puerta de atrás” ya empieza a tener efectos nocivos en términos de acceso; y el bajo logro educativo e informalidad son grandes determinantes en la incidencia de esta pobreza.
El Censo ya había señalado una importante reducción en el número de personas por hogar y también el tipo de hogares. La ECV para el 2024 muestra que en Colombia hay 2,86 personas por hogar, cuando según esta misma encuesta del 2019 era de 3,10. Similarmente, el porcentaje de hogares unipersonales se situó en 19,8%, mientras en 2019 era de 17,0%. Y hoy hay más hogares en vivienda arrendada (40,4%) que propia (36,0%), enorme retroceso de la política de vivienda. De otra parte, los hogares de las zonas rurales del país siguen teniendo mucho menor acceso a internet que aquellos ubicados en las cabeceras: 41,9% vs. 72,5% respectivamente; entre el 2023 y 2024 dichos acceso no aumentó.
La pobreza multidimensional muestra dos resultados importantes. En primer lugar, la estatización de la salud que ha comenzado el ministro Jaramillo para administrar los recursos de manera centralizada impacta el acceso a los servicios de salud; la proporción de hogares con privación por barrera de acceso a salud que venía disminuyendo desde la década anterior, aumentó nuevamente al pasar de 1,8% en 2023 a 2,9% en 2024. Según expertos, esto obedece a la crisis financiera, asistencial y sanitaria del sistema (@mfcruzv en X).
En segundo lugar, el 65,9% de la pobreza multidimensional está determinada por educación (analfabetismo y bajo número de años de educación) y trabajo (informalidad y desempleo de larga duración). Es decir, para reducir más y mucho más rápido la pobreza multidimensional, o lo que es lo mismo, hacer un verdadero cambio, es necesario incidir decididamente en las condiciones educativas de la población y en la informalidad. Esto era lo que muchos académicos e intelectuales esperaban del cambio; sin embargo, ni el proyecto de ley de reforma laboral ni la consulta popular se ocupan debidamente, por ejemplo, de la informalidad. Al respecto, es necesario reiterar que cerca de 12 millones personas se ocupan actualmente en el sector informal.
Si a lo anterior se suma el resultado de la ECV que muestra que solo un 38,7% de los niños menores de cinco años en el país asisten a un hogar comunitario, jardín infantil o Centro de Desarrollo Infantil, podría decirse que ahí están las bases programáticas prioritarias para la lucha contra la pobreza de la próxima campaña presidencial. Pero, no basta con los enunciados, es necesario conectar con esas poblaciones, escucharlas, incluirlas y preparar políticas y programas pertinentes a los diferentes contextos y realidades de las regiones del país; y, por supuesto, menos discursos y agitación y más acción colectiva.
