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En Medellín hay familias que pagan que para que no violen a sus hijas o las bandas no recluten a los hijos, sectores en los que a los habitantes de la calle se les cobra por dormir en... la calle.
No es problema de sectores periféricos. El 80 % de la ciudad padece la coerción extorsiva. Solo en 2017 Fenalco reconoció 2500 casos de extorsión y en 2016 se reportaron 51 000 extorsiones.
Es lo que se conoce. Hay un enorme subregistro de un asunto que las autoridades no han asumido con decisión porque les parece más importante y vitrinero reducir los homicidios.
Andrés Arredondo Restrepo, Juan Esteban Ríos y Jairo Bedoya Carvajal, investigadores del Instituto Popular de Capacitación recopilaron información y analizaron el fenómeno. Es continuidad de otra investigación que descubrió que en las comunas de La Candelaria (Centro) y Guayabal los comerciantes y venteros pagaban $28 000 millones anuales en extorsiones, con casos tan dicientes que una nota de prensa mostró que la Catedral Metropolitana pagó $150 000 mensuales durante cinco años. Nadie escapa.
Sucede en una Medellín cuyas autoridades municipales tratan las problemáticas sociales con medidas policivas, no desde lo social. Toda la bravuconada del pasado alcalde, Federico Gutiérrez, y lo que logró fue renovar cuadros directivos de las bandas porque pese a intervenciones con fuerzas militares en comunas como Castilla, la extorsión creció. Estigmatizó, de paso, gente buena.
Este problema es viejo, una derivación del narcotráfico, las convivir y otras modalidades delincuenciales de los últimos 40 años. Ahora está tan normalizada esa coerción que no se denuncia porque muchos se habituaron y la ven con buenos ojos, les da temor o no confían en las autoridades. Tanto que se ha amalgamado: se ha fundido con lo legal con participación de empresas y negocios.
La realidad es que el Estado (municipio) no ejerce el monopolio de la justicia ni de la fuerza y la tributación en la ciudad. Tampoco garantiza los derechos humanos afectados por la acción de las bandas: a la libre movilización, la libertad individual y de expresión, la seguridad y el derecho a la vida.
Parece tema secundario. De 60 000 jóvenes que se cree tienen peligro de caer en las bandas, se atiende el 1 %.
A punta de garrote, estigmatizar e ignorar gente buena y desconocer el problema, no se detendrá este monstruo que ha tomado ventaja e incide en homicidios y el desplazamiento intraurbano, pese a que en los barrios hay formas valiosas de resistencia.
Maullido: como tienen rabo de paja atacan la justicia.
