Por Esteban Hoyos Ceballos *
@ehoyosce
El Decreto 573 de 2020 expedido por la Alcaldía de Medellín esta semana para facilitar la apertura de algunos centros comerciales, persigue un fin legítimo: proteger los derechos a la vida y a la salud en medio de una necesaria reactivación económica.
Sin embargo, el Decreto tiene algunos problemas de necesidad y proporcionalidad desde una perspectiva constitucional y pone en riesgo los derechos a la intimidad, habeas data y la libre iniciativa privada. Condicionar...
