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Lo que menos esperaban los integrantes del Consejo Superior de la Judicatura cuando instalaron las oficinas del Tribunal Administrativo de Antioquia, hace ocho años, en los predios del Plan Parcial de Naranjal, era ver a los magistrados de este organismo maltratados por las incomodidades a las que los han sometido quienes han tenido bajo su responsabilidad la gestión de esta obra, convertida en la mayor estafa inmobiliaria del sector oficial.
Por obra y gracia de los incumplimientos de la EDU y de las empresas contratadas, en la actualidad los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y demás funcionarios tienen que laborar desde sus casas y poner a buen recaudo los expedientes en bodegas contratadas. Sin contar que se pagan 102 millones de pesos como canon de arrendamiento mensual por el lugar que ocupa este organismo.
A comienzos de marzo del presente año, la administración de Quintero Calle, por intermedio del gerente de la EDU, Wilder Wiler Echavarría, hizo alarde sobre la reactivación del proyecto.
Según el contrato, adjudicado en junio de 2021 al Consorcio CAN 21, este tiene 14 meses para finalizar los trabajos pendientes en la unidad de actuación urbanística 2 y otros 72 meses para lo relacionado con los trabajos de la unidad de actuación urbanística 3.
El proyecto ya se había siniestrado en 2015 con la empresa CASS, socia de Odebrecht; ahora, la administración adjudica al único proponente, el Consorcio CAN 21, cuya representante legal es Viviana Andrea Prada Camacho. El consorcio está conformado por JLX Proyectos S.A.S., Grupo Qualitas Corp Sucursal Colombia, Solutec Ingeniería S.A.S., La Zona e Inversiones Grandes Vías, cinco empresas inexpertas y sin reconocimiento en el sector, todas con sede en Bogotá.
La empresa BTL Development S.A.S., con un capital suscrito de tan solo 200 millones de pesos y representación legal de Andrea Hernández Garzón, es la encargada de la promoción. Pero no tiene experiencia en la comercialización de este tipo de proyectos y cuenta con solo dos personas en la sala de ventas para la magnitud del proyecto.
Las empresas del Consorcio se comprometieron a poner un capital de 40 mil millones de pesos y, al parecer, no cuentan con dichos recursos porque no presentan avances en la ejecución de los trabajos y enfrentan serias dificultades, como es el retraso en los pagos de seguridad social y salarios de los trabajadores, provocado, tal vez, por el embargo de las cuentas, sumado al acoso laboral que ejercen los directivos del consorcio, originando renuncias y despidos injustificados; lo que se ha traducido en la parálisis de las actividades.
Dejo estas dos preguntas claves por el momento:
¿Las representantes legales del consorcio y de la promotora inmobiliaria qué relación tienen con el señor Harold Mauricio Camacho Hernández y este qué papel desempeña en el proyecto Naranjal?
¿Quién realiza la interventoría y supervisión?
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