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“He visto muchas escenas de asesinatos en mi trabajo, pero esta porquería es diferente... en cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños... no creo poder hacer este trabajo”.
Esto le dice un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU a su compañero encargado de los operativos en casos de trata de niños con fines de explotación sexual, al encontrar la evidencia física de los niños y niñas víctimas de estos delitos. Yo puedo decir lo mismo, he conocido todo tipo de delitos en mi trabajo, pero esto, ya es diferente.
Frente a las recientes medidas decretadas por el alcalde Federico Gutiérrez para combatir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que suspenden de manera temporal la demanda o “solicitud de servicios sexuales” en el espacio público del Parque Lleras, Provenza, la calle 10 y el Parque de El Poblado, muchos han dicho que es una medida populista, que no logra solucionar de fondo el problema de Escnna, que siempre existirá y que simplemente se trasladará de lugar.
Primero aclaremos que es a través del mercado de la prostitución que se nutre el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y este mercado, en su mayoría, se nutre de niñas y mujeres jóvenes. Creo entonces que visibilizar un problema y hacerle frente al mismo es el primer paso para combatir el crimen.
Enfrentar a comerciantes que no cumplan con normas mínimas de funcionamiento, convivencia y seguridad en su establecimiento y proceder al sellamiento de sus bares y discotecas, es también debilitar y enfrentar organizaciones criminales como La Terraza, La Raya y Robledo que se lucran del delito de trata y solo les importa beneficiarse del negocio en esta zona.
Hoy vemos un alcalde que le da la cara a un problema que está consumiendo la vida de los niños y niñas, que está poniendo en el epicentro de su agenda a los que parecían invisibles en la sociedad; que tiene claro que los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho, incluyendo los intereses de las mujeres en prostitución y de los comerciantes.
Esta semana muchos extranjeros que llegaron a visitar nuestra ciudad, fueron recibidos en el aeropuerto internacional, con un volante que les explica que, en Colombia, la prostitución infantil no existe, que la fianza no aplica, y que esta conducta está penalizada hasta con 25 años de cárcel.
Esperemos que estas medidas hayan calado en quienes vienen con ese fin, que empiecen a preguntarse si vale la pena exponerse penalmente; pues ya no solo están bajo los ojos de la Policía, sino también de una comunidad alerta que empezó a entender cuando se está en presencia de estos delitos y que incluso ha sido más efectiva que la misma Policía.
Sería un hito histórico para cualquier administración mostrar, al finalizar su mandato, que se logró revertir y mitigar la situación de explotación sexual de niños y niñas, y que desincentivando fuertemente el mercado de la prostitución, se logró también, prevenir el delito de trata de personas.
