En las marchas, manifestaciones, paros y actos violentos que se han dado en los últimos meses en Ecuador, Chile, Colombia, hay un elemento común: el reclamo de las mayorías contra las políticas neoliberales que han sido implementadas desde hace más de un cuarto de siglo. Estas han sido utilizadas para desmontar los dispositivos de los derechos sociales y sus garantías institucionales, los cuales, aunque tenían poco alcance, habían servido para disminuir un poco la desigualdad y la pobreza.
Hay en la región, sin embargo, destacados economistas, políticos y columnistas que no solamente niegan que el neoliberalismo ha generado estos problemas, sino que además consideran que su implementación ha servido para disminuir de manera significativa la desigualdad. Si uno analiza las confrontaciones entre los trabajadores y los gobiernos a finales del siglo veinte en Europa y Estados Unidos, puede entender las razones por las cuales el capitalismo emprendió un ataque contra la clase obrera. Los capitalistas se debilitaban con respecto al movimiento obrero y otros movimientos sociales, y la acumulación capitalista había entrado en caída. El neoliberalismo surgió como resultado de la reestructuración capitalista a esta crisis que se inició en la década de los setenta en estos lugares y luego en el resto del mundo, el cual cambió las condiciones de contratación de los trabajadores y redujo significativamente la protección social a cargo del Estado.
Este modelo de reestructuración capitalista se globalizó y adaptó a las condiciones de cada país. En Chile, México, Colombia, y Perú agudizó la polarización entre los extremos de la distribución de la riqueza y el ingreso al crear un pequeño grupo en la cúspide del poder económico que concentra para sí las ganancias en casi todos los sectores económicos, y unas mayorías en las clases media y baja, empobrecidas y sometidas a la precarización laboral y la privatización de los servicios sociales.
Según las mediciones internacionales de desigualdad, Colombia se destaca —aunque esta ha disminuido un poco recientemente— como uno de los países más desiguales en el mundo, no sólo en términos de ingreso, sino también de riqueza, titularidad accionaria y propiedad de tierras (Garay, 2018).
El sentido de los reclamos y demandas de la sociedad civil que marcha es justicia social. ¿Pero qué significa? Justicia social, según la élite tecnocrática, consiste en políticas distributivas entendidas como caridad o compensación por las consecuencias nefastas que produce la actual organización de la sociedad capitalista. Pero, el deber de apoyar a los más desfavorecidos no es un asunto de caridad, —no se garantiza con natilladas, empanadas bailables, rifas, fundaciones—, es un deber de justicia cuyos beneficios puede exigir el pobre como un derecho. Salud, educación, pensión, vivienda, derecho a un empleo y a un salario justo, son los derechos sociales. Entonces, a diferencia del deber asistencial de caridad, una sociedad tiene el deber permanente de distribuir equitativamente el ingreso y la riqueza entre los individuos que participan en la cooperación social y económica. Este es el asunto que hay que organizar o vendrá el caos.
