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Los colombianos pagamos seiscientos diez mil millones de pesos ($610.000.000.000) para el funcionamiento de los partidos políticos en el período 2012 – 2018, repartidos en $360 mil millones de pesos por reposición a cambio de los votos obtenidos en elecciones, y $250 mil millones para su burocracia interna (cifras del Consejo Nacional Electoral, CNE). Se los dimos a 18 partidos que existían en ese lapso, pero dos terceras partes fueron para La U, Liberal, Conservador y Cambio Radical. Otro dinero, tan o más abundante, se movió por otras vías clandestinas con el manejo de los avales.
Y de 2018 a la fecha, para su burocracia interna nos han costado $231 mil millones, repartidos la mayoría entre el Partido Liberal $36.407, Cambio Radical $31.319, La U $30.347, Conservador $30.017, Centro Democrático 29.205 y Verdes $18.347 (en millones). Y por reposición de votos han recibido $475.000.000.000. Ah, y a los Comunes (exFarc), les hemos dado $28.498 millones pese a que han obtenido menos del 0,2% de los votos. Plata a disposición plena de los dueños con escasa vigilancia del CNE.
A nadie del poder parece importarle que hoy son 27 partidos con personería jurídica – el de Roy el más reciente -, la cifra más alta de la historia nacional, y 20 más en lista de espera; las generosas, absurdas y confusas sentencias de la Corte Constitucional para revivir partidos que dormían el sueño de los justos, y resoluciones exprés del Consejo Nacional Electoral para darle su partido a cada jefe político que lo pida, diseñan un panorama de caos democrático incomprensible. Y un jugoso mercado de poder económico en tres frentes: otorgar avales a candidatos en todo el país, gastar sin mayor control dineros de funcionamiento y recibir la plata por la reposición de votos, que se usufructúa igualmente sin una seria supervisión estatal.
Y uno más rentable: la negociación por debajo de la mesa, clandestinamente, para entregar o negar avales; centenares de millones de pesos circulan a cambio de ubicación en el tarjetón o de bloquear a rivales dentro de las mismas colectividades.
La feria de personerías tiene en la lista de espera, entre otros, al expresidente Andrés Pastrana con “Nueva Fuerza Democrática”, al excéntrico Carlos Moreno de Caro con “Dejen Jugar al Moreno”, Fico Gutiérrez que promulga “Creemos”, al lado de unos tales “Movimiento Progresista Suramericano” y “Discapacidad y Familia”.
A este ritmo, en las elecciones de octubre los ciudadanos se enfrentarán a enormes tarjetones con decenas de logotipos, nombres y números en los que pocos entenderán cuál es cuál o de qué tendencia ideológica son. Un alto grado de desinstitucionalización y pérdida de confianza en el sistema democrático; no se trata de pretender que volvamos al caduco esquema bipartidista o la tríada con uno de izquierda, otro de centro y uno más de derecha. Los matices ideológicos son más que dos o tres y aportan valor al debate político, pero otra cosa es la explosión de personerías jurídicas concedidas a partiduchos que no tienen más que unos pocos miembros, con tono claramente personalista, y varios años sin conseguir votos. Al final, lo que menos les importa es la democracia, es el negocio, socio.
