La Constitución Política de 1991 se expidió, entre otros fines, con el propósito de servir como fundamento conceptual y normativo para adelantar una lucha frontal contra la corrupción. Con base en el texto constitucional, el Legislador y el Gobierno se dieron a la tarea de expedir una serie de regulaciones normativas, todas ellas señaladas como fuentes válidas en la lucha contra dicho mal.
Entre las disposiciones expedidas, es importante mencionar, por ejemplo, en materia de contratación pública, la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Estatal, identificado en su esencia como un verdadero código anticorrupción. Entre sus diferentes instituciones, la ley 80 sistematizó varios principios básicos para garantizar la equidad y moralidad...
