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Juan José Perfetti del Corral
Columnista

Juan José Perfetti del Corral

Publicado el 20 de julio de 2018

Nuevo Gobierno y agricultura (3)

En esta columna se continúa con el análisis de las propuestas del presidente electo, Iván Duque Márquez, para el agro.

Además del aumento de la productividad y de la inversión privada, la próxima administración considera importante garantizar la seguridad jurídica.

Si esto llevara, entre otras cosas, a que se aseguren los derechos de propiedad y de uso de la tierra, a actualizar el catastro rural y a gravar la propiedad, será posible pensar que el mercado de la tierra se dinamizará, llevando a un uso más adecuado de los suelos, condición necesaria para alcanzar mayores niveles de productividad.

Sin duda, el ajuste y la modernización de la institucionalidad, otro punto de las propuestas del nuevo Gobierno, son necesarios para el desarrollo de la agricultura y de los territorios rurales. Sin embargo, con el ajuste institucional pasa lo mismo que con la productividad. Si no se afecta el marco de incentivos y políticas, será difícil que el mismo tenga mayor efectividad.

La propuesta para el agro trae otros dos componentes aislados que tampoco parecieran hacer mayores aportes a su transformación.

El primero tiene que ver con la realización de campañas para el mejoramiento de las condiciones de consumo de los alimentos.

Esta iniciativa, aunque valiosa y pertinente, pareciera ignorar que los factores económicos (como el ingreso de los hogares y el precio de los alimentos) son fundamentales para asegurar el acceso a los alimentos y su consumo y estos se ven afectados por el alto precio que se tiene que pagar por dichos bienes, resultado de la protección existente y de las altas ineficiencias de las cadenas de comercialización.

En el segundo componente se propone adelantar acciones específicas para los jóvenes y las mujeres.

Para los primeros se habla de la “operación retorno” al campo. No deja de ser extraño que se priorice el “retorno” sobre la “retención” de los jóvenes rurales y más sin abrirles nuevas oportunidades de empleo e ingreso que les permita progresar y tener las mismas posibilidades de desarrollo que sus pares urbanos. La existencia de las brechas urbano-rural hace muy difícil que la operación retorno produzca mayores resultados, pues pocos incentivos hay para dejar las ciudades, en donde las condiciones y perspectivas de vida son muy superiores.

Sin duda, dado el crucial papel que desempeñan las mujeres rurales, resulta pertinente (dado el ambiente de exclusión que se vive) que la nueva administración se ocupe de ellas y asegure su transformación económica y social. Sin embargo, y como ocurre con los jóvenes, la falta de una política agropecuaria y rural eficaz no augura un avance mayor para las mujeres y sus reivindicaciones.

Infortunadamente, en la propuesta gubernamental, el propósito de un desarrollo rural integral que lleve al mejoramiento de las condiciones de vida y al progreso de los pobladores del campo brilla por su ausencia. Esta lamentable omisión refuerza la visión productivista de la nueva administración.

En síntesis, por su falta de eficacia, de las propuestas del nuevo gobierno no cabe esperar que la agricultura se dinamice mayormente y tampoco que se acelere el desarrollo del campo.

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