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Con la expectativa sobre el desarrollo de los acontecimientos y a la espera de la anhelada transición hacia la democracia en el vecino país, la acción de los Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores motiva varias reflexiones:
La primera, relativa a su legitimidad y legalidad. Se equivocan quienes consideran que se trató de un ataque a la soberanía y la integridad territorial de Venezuela y sus ciudadanos -un acto de agresión prohibido por el Derecho Internacional-, dado que, como lo prueban su propia ejecución y resultados, la operación tuvo un propósito y alcance limitado estrictamente a hacer efectiva una orden judicial.
Habrá de recordarse que en el indictment de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los EE.UU. imputó, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y otros 13 altos funcionarios de graves cargos relacionados con actividades narco-terroristas, ingreso de drogas ilícitas a territorio estadounidense durante dos décadas, en colaboración con las FARC, para las cuales traficaron armas y lavaron activos.
Entre el arsenal de pruebas que enfrentará Maduro y Cilia, se cuenta el demoledor testimonio de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela entre 2004 y 2011, bajo el gobierno de Chávez, y entre 2013 y 2014. Este exmilitar se declaró culpable en el mismo proceso en junio de 2025, por cargos de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas, al aceptar haber conspirado junto con otros altos funcionarios del régimen, incluidos los ahora capturados, y de las FARC para traficar drogas ilícitas hacia los EE.UU. Idéntica versión ha sostenido Clíver Alcalá, General retirado de las Fuerzas Armadas venezolanas, condenado por suministro de apoyo a las FARC y tráfico ilícito de armas de fuego con destino a esa estructura criminal.
Así las cosas, razón le asiste al Secretario de Estado Marco Rubio al calificar la operación como una “acción policial”, ajena a los alcances y finalidad de un acto de agresión de los que trata la Resolución 3314 de 1974, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que -a su vez- sirvió de base para la formulación del artículo 8 Bis del Estatuto de Roma. De otra manera no se explicaría la participación de agentes de la DEA y el FBI en la operación; sin duda, se trató de una típica acción conjunta interagencial contra el narcotráfico.
De otro lado, llama la atención que quienes hoy aducen preocupación por el pueblo venezolano y vociferan en contra de esta legítima acción, sean los mismos que han guardado silencio cómplice acerca de los miles de torturados, presos políticos, desaparecidos, y más de ocho millones de refugiados y exiliados; que hoy investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Todos esperamos que este difícil camino hacia el restablecimiento de las libertades y los derechos de los venezolanos cuente con la participación activa de quienes ganaron a las elecciones del 28 de julio, María Corina Machado y Edmundo González. Son ellos quienes podrán garantizar el proceso de recomposición sociopolítico que se hace necesario, y quienes pueden poner fin a las relaciones entre las autoridades de ese país y las estructuras criminales que, como las FARC, el ELN, Hezbolá y Hamás, ponen en riesgo la seguridad del hemisferio.
