Si bien es cierto que el derecho a disentir es un derecho fundamental y esencia misma de la democracia, también es cierto que la manera de expresar esas discrepancias, de protestar, tiene que ajustarse a las normas vigentes, puesto que ese derecho nunca podrá estar por encima de los demás derechos de los ciudadanos.
Lejos de estos postulados están las tales “marchas estudiantiles” que por estos días venimos padeciendo en las distintas ciudades del país.
Una sucesión de actos vandálicos cometidos en contra de la propiedad pública y privada, lesiones personales e intentos de homicidio (apedrear y pretender quemar vivos policías), entorpecimiento de la movilidad en las distintas ciudades del país, exhibicionismo público al marchar desnudos (Popayán), el incendio a la sede del Icetex (Popayán), secuestro, porque no puede llamarse de otra manera el acto perpetrado el miércoles pasado por un grupo de más de sesenta encapuchados que se tomaron a la fuerza las instalaciones donde opera el Ministerio del Interior en Bogotá, que impidió la circulación de los funcionarios y de los visitantes que se encontraban en el interior, además del gran caos generado en la zona, no permiten, pues, que se siga hablando de marchas estudiantiles y, menos aún, calificarlas como pacíficas.
Lo que hemos venido presenciando a lo largo de estos días, son actos criminales sistemáticos cometidos por experimentados delincuentes que, al amparo de un grupo de supuestos estudiantes, y digo supuestos, porque si realmente lo fueran, hace rato se habrían dado cuenta de que estaban haciendo de idiotas útiles de un gran entramado movido por instigadores profesionales cuyo único propósito es la desestabilización institucional, socavar el gobierno del presidente Duque, tal como lo anunciaron el día en el que su sueño de instalar el Socialismo del Siglo XXI les fue truncado en las urnas.
De allí que esas asonadas (que no marchas), estén llenas de banderas del M19, de las Farc, de Colombia Humana, etc. y muchas de sus arengas hagan alusión a sus macabras gestas revolucionarias y no tengan relación alguna con el tema de la educación, como por ejemplo, las que gritaban los enmascarados el día de la toma del Ministerio: “¡porque el que murió peleando, vive en cada compañero!”
Al gobierno del presidente Duque, conciliador por excelencia y de “corazón grande”, le llegó la hora de la “mano firme” para tomar medidas drásticas e imponer límites. Cuenta para ello con el respaldo de quienes le depositamos nuestra confianza en las urnas y tenemos muy presente que el futuro de Colombia es asunto de todos.
Mucho ayudaría si volvemos a llamar las cosas por su nombre, a ver si de una buena vez, acabamos con esa nociva “terminología de paz” que nos impuso el nefasto presidente Nobel, y cuyo fin no fue otro que el de minimizar las responsabilidades de los criminales de lesa humanidad.
En fin, lo que está claro es que este asunto de las “marchas” ya pasó, como reza el dicho, “de castaño oscuro”.
