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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 25 de septiembre de 2019

¿Patrón?

Mi amiga adorada fue violada por su jefe. El estrés postraumático y, sobre todo, el poder político del criminal que la agredió, la acallaron durante años. Aunque el movimiento #MeToo nutrió su valentía, no existe prueba distinta a su testimonio.

Ashley Judd, protagonista del #MeToo, dice: “Cuando se entiende el funcionamiento cerebral del estrés postraumático, se da a las víctimas la posibilidad de creerles”.

Una redactora de El Colombiano denunció a un macro-editor por “acto sexual abusivo con incapaz (sic) de resistir”. Acudió a la Fiscalía un mes después del hecho.

Según la víctima, en Recursos Humanos le preguntaron cómo estaba vestida y por qué amaneció donde un colega: una clara revictimización. Beatriz López, gerente de Recursos Humanos, señaló que dicha conversación es confidencial y expuso lo que considera un “protocolo” para casos de acoso laboral (con breve alusión al acoso sexual), el cual firman los empleados cuando son contratados. Este lunes, el Comité de Convivencia del “protocolo” discutió la situación por primera vez. La denunciante nunca los buscó, desconocía el recurso.

Este “protocolo” urge una actualización: carece de perspectiva de género y medidas sancionatorias internas.

En 107 años, El Colombiano jamás ha registrado casos de acoso sexual: ¿qué revela eso sobre la ruta de acción?

En un ejercicio investigativo de contraste, Juan David Ortiz, director de De La Urbe, y yo entrevistamos a los protagonistas de la historia (antes de la publicación de la video-columna de Las igualadas).

Aunque los hechos ocurrieron fuera de la empresa, le conciernen porque los involucrados comparten espacios laborales. El Colombiano ha procurado que la denunciante no esté subordinada al presunto agresor ni labore cerca de él, ha motivado la consulta psicológica. No obstante, el denunciado dice que no ha recibido instrucción alguna, que solo sabe de la asesoría profesional.

Rebecca Corbett, investigadora líder del #MeToo en The New York Times, explica que además de contrastar testimonios y recolectar pruebas, es fundamental determinar si existe un patrón de conducta. Ortiz y yo accedimos al testimonio de otras dos mujeres que dicen haberse sentido acosadas por el mismo denunciado: la primera*, que ya no trabaja para El Colombiano, recibió de él fotos con contenidos explícitos... hasta que lo bloqueó en Snapchat. (Según él, solo practica sexting bajo consenso).

La segunda*, periodista, teme exponerse públicamente.

La denunciante le escribió al presunto agresor: “Reconozca lo que hizo, haga una disculpa pública en la redacción (en la que incluya a las mujeres que trabajan con usted y que, por cierto, también están muertas de miedo, y a los hombres que no se explican su conducta) y, por supuesto, tome acciones para que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto”.

Lo paradójico es que pilares de la justicia, garantías como la presunción de inocencia, el derecho al buen nombre y las versiones contrastadas, se conviertan en escudo de agresores sexuales.

Las posibilidades de falsas denuncias o de condenar a un inocente subrayan la urgencia de una conversación desde lo jurídico y lo cultural en torno al enfoque diferencial. ¡La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto!

Ninguna “Inquisición”: la meta es erradicar extralimitaciones y/o delitos naturalizados, detener el ciclo. Sin enfoque diferencial, Bill Cosby o Harvey Weinstein seguirían repitiendo sus “hazañas viriles”.

El verdugo de mi amiga continúa impune: la ley protege su “buen nombre” ya que él mismo no sabe hacerlo.

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